A raíz de la imputación a una joven que operaba sin título ni matrícula, la institución redobló las advertencias a la ciudadanía y organismos públicos. Qué dice la ley provincial y cuáles son los recaudos esenciales al contratar el servicio.
María Valentina Rampulla.
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Ante este escenario, el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la Provincia de San Juan emitió un firme comunicado para recordar a la ciudadanía, a los organismos públicos y al sector privado que la contratación de profesionales matriculados no es una opción, sino una exclusiva exigencia legal para garantizar la validez oficial de los documentos.
Desde la entidad profesional recordaron que el artículo 36 del Decreto Reglamentario N° 7/2021-A establece de manera categórica que los documentos expedidos en el exterior o redactados en idioma extranjero deben presentarse acompañados de su correspondiente traducción efectuada por un traductor o traductora matriculado/a.
La normativa sustenta la exigencia en la necesidad de resguardar la seguridad jurídica y la fe pública. Solo los profesionales inscriptos legalmente están habilitados para certificar la fidelidad, veracidad y exactitud de los textos, dotándolos de plena eficacia en trámites de índole judicial, administrativa, académica y comercial.
Asimismo, desde el Colegio aclararon su rol institucional: se trata de una organización sin fines de lucro cuyos directivos desempeñan funciones ad honorem, cuyo objetivo es respaldar la idoneidad mediante un estricto proceso de matriculación y la legalización de firmas. “El Colegio no es una fuente de empleo, una empresa de traducción ni un instituto de idiomas”, remarcaron.
A fin de prevenir situaciones como la investigada por la Justicia local y proteger los derechos de los usuarios, la institución brindó una serie de pautas prácticas:
Verificar la habilitación profesional: Ante la presencia de personas que ofrecen servicios sin respaldo académico, el cliente debe saber que solo un traductor matriculado ofrece garantía legal.
Dejar constancia por escrito: Al coordinar un trabajo, se aconseja formalizar presupuestos, plazos, condiciones y alcances mediante correo electrónico, WhatsApp o contratos. Si el documento contiene información sensible, el usuario está en su derecho de solicitar un acuerdo de confidencialidad.
Apelar al respaldo institucional: Ante inconvenientes con un profesional matriculado, el Colegio ofrece instancias de mediación para resolver conflictos y evitar mayores gastos en nuevos contratados.
El comunicado institucional enfatiza que exigir traductores matriculados va mucho más allá de un trámite burocrático: constituye un compromiso ineludible con la calidad, la transparencia y la protección de los derechos de toda la comunidad sanjuanina.
