El organismo provincial dejó sin efecto adjudicaciones en Albardón, Caucete y distintos complejos habitacionales tras detectar casos de abandono, alquiler ilegal y deudas. Las casas serán refaccionadas y volverán a sortearse.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) redobló los controles sobre el parque habitacional público en San Juan y oficializó la revocación de ocho viviendas sociales cuyos adjudicatarios incumplieron las normativas de uso vigentes. La medida, formalizada a través del Boletín Oficial, marca un endurecimiento en las auditorías del organismo frente a un escenario de alta morosidad y un volumen elevado de reportes por uso indebido.
Las unidades habitacionales recuperadas estaban distribuidas estratégicamente en distintos puntos de la provincia, abarcando los departamentos de Albardón y Caucete, además de complejos específicos del Gran San Juan como los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
De acuerdo con la ley provincial, el IPV cuenta con facultades para recuperar inmuebles adjudicados cuando se constatan violaciones graves al contrato de tenencia. Entre las principales causales que motivaron estas bajas figuran:
El abandono del inmueble o la falta de residencia permanente por parte del grupo familiar titular.
Registrar tres o más cuotas consecutivas impagas.
Alquilar, vender o ceder la vivienda a terceros de manera informal o sin autorización expresa del organismo.
Haber falseado datos en la postulación original o modificado la composición familiar sin realizar el aviso correspondiente.
El caso de estas ocho viviendas recuperadas se enmarca en un operativo de fiscalización mucho más amplio que busca ordenar el sistema solidario de vivienda en la provincia.
Desde el IPV detallaron que actualmente se encuentran procesando más de 400 denuncias por irregularidades realizadas por vecinos y terceros, mientras que ya existen unos 90 expedientes con revocación en primera instancia a la espera de sus resoluciones definitivas. A este panorama se le suma un factor financiero determinante que explica la firmeza en las auditorías: la morosidad en el pago de las cuotas alcanza al 60 por ciento, lo que restringe la capacidad de inversión para nuevos complejos.
Tras recuperar la posesión legal de los inmuebles, el organismo procederá a relevar el estado edilicio de cada unidad para realizar las tareas de reparación, limpieza y puesta a punto necesarias.
Una vez concluidos los arreglos, las viviendas volverán a ponerse en carrera para ser incorporadas formalmente en los próximos sorteos públicos del IPV, permitiendo de este modo que nuevas familias sanjuaninas que cumplen con todos los requisitos y esperan su turno accedan finalmente al techo propio.
