5 de agosto de 2026 - 11:40

El RUPVAA recuperó un vehículo con pedido de secuestro y lo restituyó a su propietario

La intervención del RUPVAA permitió detectar un automóvil requerido por la Justicia de La Rioja durante una verificación de rutina.

Personal del Registro Único Provincial de Verificación de Automotores y Autopartes (RUPVAA), recuperó un vehículo que era requerido por la Justicia de la provincia de La Rioja durante un procedimiento realizado el 27 de julio de 2026 en la Planta Verificadora de Capital.

La intervención permitió secuestrar el automóvil, localizar al damnificado de la causa y concretar su restitución mediante la coordinación entre las fuerzas policiales y las autoridades judiciales de ambas provincias.

Detalles del procedimiento del RUPVAA

El procedimiento se inició cuando un ciudadano se presentó en la Planta Verificadora de Capital para realizar la inspección física de un automóvil Fiat Palio Fire 1.4 de color blanco. Durante las tareas de control y consulta de antecedentes registrales, los efectivos constataron que el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia de la provincia de La Rioja desde el 12 de junio de 2026, relacionado con una causa por presunta estafa.

Tras confirmar la medida judicial, el personal policial mantuvo comunicación con el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja. La autoridad interviniente dispuso el secuestro preventivo del automóvil para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Un trabajo articulado

El trabajo articulado entre el RUPVAA, la División Delitos Económicos y la Policía de La Rioja permitió localizar al damnificado de la causa. Posteriormente, mediante oficio judicial, se ordenó la restitución del vehículo, que fue entregado por el personal especializado a su legítimo propietario.

Este resultado refleja el valor de los controles que se realizan diariamente en la planta verificadora y el compromiso del personal policial con una tarea técnica que contribuye a prevenir delitos y brindar respuestas concretas a la comunidad. La coordinación entre instituciones fortalece las investigaciones judiciales y permite proteger los derechos de quienes fueron afectados por hechos delictivos.

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