La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y alcanza a inmuebles ubicados en distintos barrios de la provincia. El organismo analiza más de 400 denuncias por irregularidades.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de San Juan dispuso la revocación de ocho nuevas adjudicaciones de viviendas sociales tras detectar incumplimientos en las condiciones de ocupación y uso exigidas a los beneficiarios. La medida fue oficializada mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y forma parte del proceso de recupero que lleva adelante el organismo.
La decisión alcanza a distintas modalidades de acceso a las propiedades, entre ellas adjudicaciones en venta, asistencias financieras, autorizaciones para habitar, comodatos y actas de tenencia precaria. Las ocho unidades están distribuidas en diferentes puntos de la provincia: el Conjunto 1 (Albardón), el Área III Sector I (Caucete) y los barrios Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
Estas bajas se enmarcan en una auditoría más amplia sobre el sistema habitacional sanjuanino. Actualmente, un equipo técnico del IPV analiza más de 400 denuncias por presuntas irregularidades, y alrededor de 90 expedientes ya cuentan con una resolución de revocación en primera instancia. A este escenario se suma un elevado índice de morosidad, ya que el incumplimiento en el pago de las cuotas ronda el 60%.
De acuerdo con la Ley Provincial 196-A, los motivos que derivan en la pérdida del beneficio incluyen el abandono del inmueble, la falta de residencia efectiva, la acumulación de tres o más cuotas consecutivas impagas y el alquiler, venta o cesión sin autorización. También son causales el uso de la vivienda para fines distintos a los permitidos y el falseamiento de datos durante el trámite inicial.
Ante una denuncia o irregularidad detectada en inspecciones domiciliarias, el organismo evalúa los antecedentes y emite la resolución correspondiente. Una vez notificado, el titular cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar un descargo o recurrir la medida.
Por esa razón, la publicación en el Boletín Oficial no implica la recuperación inmediata del inmueble, sino que la decisión debe quedar firme en sede administrativa. Una vez restituida la posesión al Estado, el IPV evaluará el estado de conservación de cada unidad para realizar las reparaciones necesarias antes de reincorporarlas a futuros sorteos públicos.
