Las tres provincias integrarán sus registros de autoexclusión. Quien solicite bloquear su acceso al juego en una de ellas quedará alcanzado también en las otras dos, tanto en casinos como en plataformas online autorizadas.
El sistema tendrá un plazo máximo de 120 días para quedar operativo y permitirá extender a las tres provincias una autoexclusión solicitada en cualquiera de ellas.
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San Juan, Mendoza y San Luis dieron un paso inédito en Argentina para reforzar la prevención del juego problemático. Las tres provincias firmaron el primer convenio interprovincial del país para integrar sus registros de personas autoexcluidas, creando una red regional que extenderá las restricciones más allá de los límites de cada jurisdicción.
La medida permitirá que una persona que solicite voluntariamente la autoexclusión en San Juan tampoco pueda ingresar a casinos ni acceder a plataformas de juego online habilitadas en Mendoza y San Luis. El mismo mecanismo funcionará en sentido inverso para quienes realicen el trámite en cualquiera de las otras dos provincias.
Hasta ahora, las restricciones funcionaban dentro de cada jurisdicción. Esto podía reducir su eficacia frente a una persona que se trasladara a una provincia vecina o intentara utilizar una plataforma autorizada bajo otro regulador. Con el nuevo convenio, los tres organismos compartirán la información necesaria para ampliar esa protección a toda la región.
El convenio establece que las nuevas solicitudes de autoexclusión tendrán alcance en las tres provincias una vez que el sistema esté plenamente implementado. La restricción abarcará tanto establecimientos presenciales como plataformas online legalmente habilitadas por los respectivos organismos reguladores.
Quienes ya se encuentren incorporados a alguno de los registros provinciales no serán sumados automáticamente al esquema regional, pero podrán adherir voluntariamente para extender su autoexclusión a San Juan, Mendoza y San Luis.
El acuerdo fija un plazo máximo de 120 días para poner en marcha el sistema, período durante el cual deberán realizarse las integraciones tecnológicas necesarias y establecerse mecanismos seguros para el intercambio de información entre las autoridades de las tres jurisdicciones.
El convenio fue firmado por Juan Pablo Medina, presidente de la Caja de Acción Social de San Juan; Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza; y Héctor Rodolfo Mazzina, director de la Caja Social y Financiera de San Luis.
Medina destacó el carácter inédito de la iniciativa y puso el foco en las personas que recurren a la autoexclusión como una herramienta para pedir ayuda. “Esta es la primera experiencia de este tipo a nivel país y el primer convenio que se firma con estas características”, señaló el funcionario sanjuanino.
El titular de la Caja de Acción Social remarcó además que la integración permitirá que una persona con problemas vinculados al juego en San Juan mantenga esa protección cuando se encuentre en Mendoza o San Luis. Para Medina, el sistema podría convertirse también en un modelo para replicar en otras regiones del país.
La importancia del acuerdo está justamente en eliminar una de las principales debilidades de los sistemas provinciales de autoexclusión: que la restricción dejara de tener efecto al cruzar una frontera jurisdiccional.
Una vez implementado el convenio, una persona autoexcluida en San Juan no podrá simplemente trasladarse a Mendoza o San Luis para ingresar a un casino o acceder a una plataforma habilitada allí. La reciprocidad hará que la decisión voluntaria de dejar de jugar tenga cobertura en las tres provincias.
Desde Mendoza también remarcaron que la medida se complementará con acciones preventivas y asistenciales. Su Programa de Juego Responsable incluye capacitaciones, campañas de concientización —especialmente sobre adolescentes y apuestas online— y acompañamiento interdisciplinario con psicólogos, psiquiatras y abogados para personas que atraviesan esta problemática.
San Luis, en tanto, destacó que el juego problemático deja de ser únicamente una situación individual cuando comienza a tener consecuencias familiares y sociales, y que el Estado debe ofrecer herramientas que acompañen a quienes intentan limitar su acceso a las apuestas.
El convenio deja además abierta la posibilidad de que otras provincias se incorporen en el futuro, ampliando una experiencia que comienza en Cuyo y que, por sus características, podría convertirse en el primer paso hacia una red de protección de alcance más amplio en Argentina.
