Los colegios privados de San Juan quedaron habilitados para aplicar una nueva suba en sus cuotas desde agosto. El incremento podrá ser de hasta 7,22% y alcanza a las instituciones de gestión privada incorporadas a la Enseñanza Oficial.
La Dirección de Educación Privada autorizó una nueva actualización de los aranceles para los establecimientos incorporados a la Enseñanza Oficial. El incremento no es obligatorio y cada institución podrá aplicar un porcentaje menor, tomando como referencia la cuota de mayo.
Los colegios privados de San Juan quedaron habilitados para aplicar una nueva suba en sus cuotas desde agosto. El incremento podrá ser de hasta 7,22% y alcanza a las instituciones de gestión privada incorporadas a la Enseñanza Oficial.
La medida fue formalizada mediante la Disposición N.º 216-DEP-2026, emitida el 10 de agosto por la Dirección de Educación Privada. El porcentaje fijado funciona como un tope máximo, por lo que cada establecimiento puede decidir aplicar una suba menor.
Uno de los puntos centrales de la disposición es que el aumento no se calculará sobre la cuota de julio, sino sobre el valor correspondiente a mayo de 2026. Sobre ese importe, los colegios podrán aplicar hasta el 7,22% autorizado.
Además, si una institución decide aplicar un porcentaje menor, no podrá guardar la diferencia para una futura actualización. Es decir, el margen que no utilice en esta oportunidad no será acumulable.
Con esta nueva actualización, los colegios privados sanjuaninos acumulan tres incrementos habilitados durante el año.
El porcentaje surgió del IPADEP San Juan N.º 24, correspondiente al segundo trimestre de 2026. El índice toma en cuenta distintas variables vinculadas con los costos de funcionamiento de la educación privada.
Entre los factores analizados aparecen:
Los establecimientos que decidan aplicar el aumento tendrán plazo hasta el 31 de agosto para presentar ante la Dirección de Educación Privada una Declaración Jurada de Aranceles, tanto en formato digital como en papel.
Allí deberán detallar los valores anteriores y los nuevos importes, además de comunicar formalmente a las familias cuánto pasarán a pagar. La normativa también establece que no podrán aplicarse nuevas subas sin una autorización previa de Educación Privada.