El caso de la joven María Valentina Rampulla, quien fue condenada por la Justicia tras detectar que ejercía como traductora de manera ilegal llevó a que el Colegio de Traductores Públicos e Intérpretes de la provincia reforzara la información vinculada a la profesión y la importancia de contratar a profesionales que estén autorizados. En ese contexto aseguraron desde la institución que no es el único caso registrado, por lo que vienen haciendo un seguimiento sobre la práctica y el ejercicio de la profesión en San Juan.
“No queremos convertir esto en una cacería de brujas, pero si tenemos pruebas fehacientes actuaremos porque la comunidad traductorial es chica y sabemos quiénes ejercen u ofician como traductores”, explicó en contacto con DIARIO DE CUYO la presidenta de la institución, Lorena Garay Pellice.
Conforme detalló, la intención no es apuntar directamente a las personas que tienen identificadas, ya que apelan que sean ellas mismas quienes den marcha atrás en las acciones que están realizando. En ese contexto, aseguró que los comunicados posteriores a la condena emitidos por la institución generaron sus primeros impactos que se celebran.
Al respecto comentó la profesional: “Una de las personas de quien si teníamos conocimiento sobre la práctica ilegal, cuando se dio a conocer esta situación bajó todo de sus redes sociales, le dio una vuelta a su perfil y no se presenta más como traductora. Confiamos que los comunicados de prensa alerten a la sociedad sobre esta situación, y que modifiquen su accionar para que nosotros no tengamos que tomar este trabajo de ir y denunciar, porque tampoco es algo que este bueno el papel de policía”.
El seguimiento de la situación actualmente está puesto en dos personas más, que por recaudos desde la institución no darán a conocer la identidad de los mismos. La intención del Colegio de Traductores es que las personas que están prestando el servicio sin contar con una matrícula recapaciten sobre lo que vienen haciendo y den marcha atrás, para no tener que llegar a la Justicia.
“Hay un desconocimiento de parte de quienes contratan los servicios, y lo que no saben muchas veces es que, si un trámite cuenta con la firma de un profesional que no está matriculado, lo tienen que volver a hacer y es un doble gasto de tiempo y dinero para la persona. Por eso apuntamos a que se aseguren que sean profesionales y lanzamos los comunicados para compartir la información”, concluyó Garay Pellice.
Recomendaciones clave para evitar fraudes y asegurar contrataciones
A fin de prevenir situaciones como la investigada por la Justicia local y proteger los derechos de los usuarios, la institución brindó una serie de pautas prácticas:
- Verificar la habilitación profesional: Ante la presencia de personas que ofrecen servicios sin respaldo académico, el cliente debe saber que solo un traductor matriculado ofrece garantía legal.
- Dejar constancia por escrito: Al coordinar un trabajo, se aconseja formalizar presupuestos, plazos, condiciones y alcances mediante correo electrónico, WhatsApp o contratos. Si el documento contiene información sensible, el usuario está en su derecho de solicitar un acuerdo de confidencialidad.
- Apelar al respaldo institucional: Ante inconvenientes con un profesional matriculado, el Colegio ofrece instancias de mediación para resolver conflictos y evitar mayores gastos en nuevos contratados.
El comunicado institucional enfatiza que exigir traductores matriculados va mucho más allá de un trámite burocrático: constituye un compromiso ineludible con la calidad, la transparencia y la protección de los derechos de toda la comunidad sanjuanina.
