El Gobierno intentará buscarle una solución a las 70 familias cauceteras que usurparon una terreno del ferrocarril y que están por ser desalojadas. Así lo dijo ayer el gobernador José Luis Gioja, luego de haberse reunido con el intendente Juan Elizondo para estudiar la situación. El primer paso será gestionar una postergación del desalojo dispuesto por la Justicia Federal para el 30 de junio.
Gioja habló ayer de la posibilidad de construir casas para las familias cauceteras a través de un programa nacional o provincial. Y al mismo tiempo, reiteró que el método para conseguir una vivienda “no es la usurpación”. De todos modos, interpretó que en este caso no se usó como factor de presión, “porque “la gente hace seis años que está en el lugar”.
Para solucionar el problema hace falta tiempo. Elizondo viajó ayer a Capital Federal, para pedirle a la empresa administradora del ferrocarril que acepte prorrogar la medida de desalojo.
