San Juan, 6 de abril.- La jueza María Inés Rosselot, a cargo del Quinto Juzgado de Instrucción ordenó la detención de los abogados Santiago Graffigna y Horacio Alday, sospechados de haber estafado a algunos de sus clientes, que eran propietarios de terrenos expropiados por el estado provincial para la realización de obras. En las próximas horas podrían ser declarados prófugos, confirmaron fuentes judiciales.
Rosselot ordenó también 5 allanamientos en busca de documentación, en los estudios y domicilios particulares.
De declaraciones surgidas en la mega causa de expropiaciones que impulsó el gobierno, se reveló que la provincia pagó más de 1 millón de pesos en un juicio de expropiación de un terreno en Cuesta del Viento, cuyo dueño recibió nada más que 160 mil pesos.
Luego se conoció la declaración, en el mismo sentido, de otros perjudicados por la maniobra, en un caso de similares características, que presuntamente involucra a los mismos letrados.
Rosselot tomó las declaraciones de los herederos de los expropiados y puso en autos al fiscal Daniel Guillén, quien hizo un requerimiento contra los profesionales por “administración fraudulenta”, al entender que se quedaron con parte del dinero de sus clientes.
Por esta medida del fiscal, la jueza ordenó la detención de Graffigna y Alday en las primeras horas de la mañana a la Policía Federal. A pesar de no ser un delito que se enmarque en la jurisdicción de esta fuerza, por un convenio con la Policía de San Juan, la Federal actuaría como auxiliar de justicia.
La afirmación sobre el sentido de estas declaraciones corrió por parte de altas fuentes judiciales. Según las mismas, los herederos de los expropiados (ya fallecidos), testificaron por la “causa madre” de expropiaciones que promovió la gestión giojista para desarmar lo que, sospechan desde la gestión, es una red de jueces y abogados que se dedica a inflar el precio de los inmuebles que compra la provincia, para quedarse con montos millonarios de las arcas públicas.