Mediante una resolución del ENRE, el Gobierno obligará a las empresas proveedoras de electricidad a “suspender” la liquidación de servicio y el reclamo de pago hasta tanto se verifiquen los montos de facturación y la relación con el consumo de cada usuario.
En caso de que se haya detectado un incremento no autorizado, “se volverán a liquidar las facturas del bimestre en las que se demuestren errores de facturación” y “se procederá a devolver el monto indebidamente cobrado”, sin perjuicio de cobrar “las multas correspondientes” a las empresas.
