Luego de que DIARIO DE CUYO publicara ayer una nota acerca de que ninguna legislación especifica qué autoridad debe inspeccionar las condiciones de seguridad eléctrica en los edificios públicos, desde Diputados dijeron ayer que estudiarán el tema.
"Hemos charlado del tema con otros dos diputados y comenzaremos a estudiarlo en la Comisión de Obras y Servicios Públicos el próximo lunes", aseguró Víctor Doña, presidente de esa comisión y jefe del bloque oficialista y mayoritario de la Legislatura.
La electrocución de Fernando Reinoso (32), estudiante de Agronomía, en la facultad de Ingeniería el 8 de marzo pasado, destapó las deficiencias de la seguridad eléctrica en los edificios de la UNSJ. Eso derivó en la suspensión de la actividades en toda la institución para solucionar los problemas en la red eléctrica (ver página 13).
Luego, el 17 de marzo pasado, un relevamiento de este diario dio a conocer que de 10 escuelas visitadas de la Capital, 6 tenían graves problemas en la seguridad eléctrica, como la falta de disyuntores.
Eso también motivó el análisis de la legislación que permitió conocer que hay un vacío legal: ninguna legislación dice quién debe controlar a los edificios públicos, ni exigirle que tengan, por ejemplo, las instalaciones eléctricas en buen estado. Algo que sí ocurre con la parte privada o comercial.
El diputado Doña dijo que analizarán todas las leyes relacionadas con el control de los edificios públicos y las escuelas en particular. Revisarán las normas nacionales, de orden público (que deban aplicarse obligatoriamente en las provincias) y las que no sean de orden público, es decir, las que invitan a adherir a las provincias. Además examinarán las provinciales y las ordenanzas municipales. Esto es para determinar si existe un completo hueco legal y para no avalar una norma que se superponga a otra ya existente.
Si hay un vacío legal harán un proyecto de ley e intentarán aprobarlo lo antes posible, según Doña. Un proyecto puede tardar de un mes a un año para transformarse en ley, según el diputado. Pero como se trata de algo que tiene que ver con la seguridad de la población, el funcionario espera que, en caso de ser tratado, se apruebe en un mes.
El proyecto sería trabajado en la Comisión de Obras y Servicios Públicos y también, si se necesitara una reasignación presupuestaria, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Luego lo trataría el recinto para su aprobación, modificación o rechazo.
Por su parte, el Juez de Faltas Enrique Mattar había dicho a DIARIO DE CUYO que no hay un artículo dentro del Código de Faltas, ni una ordenanza o ley que especifique quién debe hacerse cargo de las inspecciones y controles sobre la seguridad edilicia de las escuelas públicas. Además agregó: "Tampoco hay obligatoriedad para hacer este tipo de trabajo. Si alguien decide hacer un control o encargarlo, lo hace por propia voluntad y responsabilidad. El Código de Faltas de la provincia sólo hace mención a las medidas de sanción de quienes comiencen una actividad comercial o de servicio sin contar con una habilitación".