La quita de derechos por parte del gobierno nacional a personas discapacitadas, sigue generando repercusiones y acciones de todo tipo tendientes a intentar revertir la medida, criticada de forma casi unánime por el arco político y organizaciones de la sociedad civil.
El Gobierno mediante el Ministerio de Desarrollo Social, para dar de baja a dichos beneficios, se basó en un Decreto del año 1997, que en esa época permitió otorgar a personas en situación de indigencia pensiones no contributivas. El Decreto, en desuso desde los años 90, "estipula la pensión por discapacidad como un subsidio por indigencia”, disposición que no puede aplicarse de tal manera, ya que con posterioridad hubo una normativa que la regula como pensión directamente.
Desde la CONADI (Comisión Nacional de Discapacidad) expresaron que a nivel nacional se registran un millón y medio de pensiones por discapacidad dadas de baja, considerándola una medida arbitraria e inconstitucional, ya que por una parte contradice otras normas existentes, que regulan las pensiones por discapacidad, y se sobrentiende que automáticamente quedaba derogado este Decreto reflotado hoy por el gobierno. Por otra parte, también refirieron que sería inconstitucional, toda vez que contradice tratados internacionales firmados por nuestro país en la materia, y que los beneficios fueron suspendidos sin un acto administrativo que lo avale.
Ante esta situación a lo largo de todo el país distintas Organizaciones Sociales, legisladores, así como también particulares han interpuesto Amparos en la Justicia , para lograr que la misma ordene al Ministerio de Desarrollo abstenerse de aplicar esta suspensión de las pensiones de la forma que la está llevando adelante.
Todos los amparos presentados coinciden en que la quita de pensiones “lesiona y altera derechos y garantias constitucionales, y que por tanto es una medida arbitraria y autoritaria”. La expectativa favorable de la conectividad de una y otra causa en los distintos distritos judiciales, impulsaron a que en otras provincias adelantaran que replicarían la medida, es el caso de Entre Ríos, Chaco, Misiones, Neuquen, Buenos Aires, La Rioja.
En los amparos, se solicita “la inmediata rehabilitación de los citados beneficios, y de todos aquellos afectados por el obrar arbitrario e ilegítimo de la demandada (en este caso el ministerio de Desarrollo), con más sus intereses hasta el efectivo pago”. En paralelo se discutirá en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, un nuevo esquema legal que establezca la intangibilidad de las pensiones por discapacidad, así como también un nuevo marco legal para evitar que exista posibilidad de darlas de baja.- También se propondrá modificar la resolución adoptada durante el menemismo, y que utilizó el macrismo para ajustar la partidas de las pensiones por invalidez.
Entre las causas que se aducieron para retirar los beneficios, según las condiciones que establece el decreto del menemismo, se encuentran temas de `patrimonio como la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por incapacidad, que el cónyuge tenga algún beneficio previsional actual, algún ingreso propio, o no alcanzar el 76 % de incapacidad para el acceso a la pensión, entre otras.
Colaboración: Vanesa Débora Mestre / Abogada (Matrícula Provincial 3278- Matrícula Mendoza 6118 – Federal T. 78- F. 316) / Teléf. 2644189975