Durante muchos años la reforma política ha sido caballito de batalla de varios gobiernos pero después del la crisis de 2001 y el “que se vayan todos” el tema quedó en el freezer. Y la ley de internas abiertas que reclamó ayer en Tucumán la Presidenta fue derogada por el Congreso hace dos años. Y ahora, como lo hiciera sin éxito cuando era senadora, la vuelve a impulsar.

Según explicó el flamante jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el proyecto aludido de reforma política está siendo elaborado por el ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el secretario de la Función Pública, Juan Manuel Abal Medina.

Sobre el particular, Randazzo adelantó ayer que, en caso de aprobarse el proyecto de internas abiertas, se celebrarían 180 días antes de las próximas elecciones nacionales.

La última noticia sobre las internas fue el miércoles 6 de diciembre de 2006, cuando el Senado, sobre tablas y sin debate, aprobó la derogación de la ley que obligaba a los partidos políticos a realizar internas abiertas y simultáneas para elegir candidatos electorales en todo el país.

El proyecto, que ya había sido tratado en la Cámara de Diputados a mediados de noviembre, fue ingresado al final de una extensa jornada (en la que también se aprobó el proyecto de la ley nacional de educación). Respondía a una iniciativa del entonces diputado Jorge Landau, hoy apoderado del PJ.

El expediente fue tratado sin debate y sin que pasara por la comisión de Asuntos Constitucionales. Fue convertido en ley por 39 votos en favor, dos en contra (el salteño renovador Ricardo Gómez Diez y el socialista Rubén Giustiniani), y la abstención de Liliana Negre de Alonso.

Miguel Angel Pichetto, jefe de bancada de los senadores K, fue el único orador durante el tratamiento del proyecto. “Esa ley nunca estuvo en vigencia, nunca se cumplió. Ahora le estamos devolviendo al partido político el patrimonio de la decisión sobre las candidaturas y para que fijen los mecanismos que, además, son democráticos”, sostuvo.

La ley de elecciones internas abiertas y simultáneas obligaba a los partidos a convocar a ciudadanos independientes a participar de la elección de sus candidatos a cargos electivos. Su sanción fue considerada como un avance en materia electoral, aunque en su debut, en 2003, fue suspendida y, en 2005, sólo el radicalismo la instrumentó. Además, el nivel de participación ciudadana fue bajísimo: sólo el 3% del padrón fue a votar.