La Fiscalía confirmó que no se acreditó delito en el caso iniciado de oficio tras el hallazgo del 3 de noviembre de 2025.
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A casi cuatro meses del hallazgo de miles de peces muertos en el dique Cuesta del Viento, ocurrido el 3 de noviembre de 2025, la UFI Norte confirmó este 25 de febrero de 2026 que la causa fue desestimada. Según informó el organismo judicial, la decisión se adoptó debido a que no se logró constatar la existencia de un delito penal ambiental.
La investigación había sido iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal, sin denuncia de particulares, con el objetivo de determinar si existía algún ilícito vinculado a la mortandad masiva registrada en el espejo de agua ubicado en el departamento Iglesia. El caso fue encabezado por el fiscal Sohar Aballay, quien impulsó distintas medidas de prueba para esclarecer el hecho.
Desde la fiscalía precisaron que la causa no fue archivada, sino desestimada, una diferencia jurídica que implica que, tras el análisis de los informes técnicos incorporados al expediente, no se configuró ninguna figura penal. La resolución marca el cierre de la instancia judicial iniciada tras un episodio que generó preocupación en distintos sectores de la provincia.
Las fuentes consultadas indicaron que la determinación se basó en informes elaborados por organismos técnicos que intervinieron durante el proceso investigativo. Entre ellos se encuentran la Universidad Nacional de Cuyo, el Cipcami, la Secretaría de Estado de Ambiente y la Dirección de Hidráulica.
En el inicio de la investigación, la hipótesis oficial apuntó a un cuadro de hipoxia (falta de oxígeno) como posible causa de la mortandad. Sin embargo, el expediente también incorporó análisis de la Universidad Nacional de Cuyo que detectaron presencia de cloro total en sectores de la cuenca como el río La Palca y el Puente Buena Esperanza.
De acuerdo con la información judicial, esos hallazgos no resultaron suficientes para establecer un nexo penal directo entre la presencia de determinados elementos en el agua y la mortandad registrada en el dique. En consecuencia, la fiscalía concluyó que no existían elementos para sostener una imputación penal.
Desde la fiscalía se aclaró que los controles vinculados a la ordenanza de “Agua Segura” continúan por una vía administrativa independiente de la causa penal.