Desde el Gobierno provincial se aclaró que no desestimaron el pedido de declaración de emergencia agropecuaria de la Mesa Vitícola, aunque el trámite todavía debe completar una serie de pasos antes de poder declararla: primero los peritajes y controles técnicos sobre los daños provocados por las heladas de octubre, y recién después el resto del proceso. En esa misma línea se expresó el dirigente de la Mesa Vitícola Nicolás Yanzón, que participó de la reunión ampliada del lunes 16 de noviembre: según dijo, el trámite de la emergencia todavía debe pasar por otras instancias antes de quedar declarada.
Al encuentro, convocado por el Ministerio de Producción, asistieron entre 110 y 120 productores, según contabilizó Yanzón. Además de la emergencia, se repasaron las herramientas vigentes de asistencia financiera y el tratamiento de los vencimientos de créditos, y quedaron sin resolución dos pedidos centrales del sector: la audiencia con el gobernador y un financiamiento específico a tasa cero.
La emergencia, todavía en trámite
Desde Producción explicaron que la declaración de la emergencia agropecuaria no puede resolverse por intuición: exige denuncia, peritaje, informe técnico y comisión evaluadora, además de la instancia legal y normativa posterior. En menos de 60 días desde la contingencia, agregaron, ese proceso ya sumó 1.300 denuncias recibidas y 20.000 hectáreas peritadas por seis equipos de peritos. Se remarcó que el Gobierno no desestimó el pedido del sector, sino que todavía restan completar esos pasos antes de poder declarar la emergencia. Yanzón coincidió en que el proceso está en marcha, pero hizo hincapié en que el trámite “tiene que tener otras instancias” antes de poder darse por declarada la emergencia.
Qué cambia con la emergencia declarada
El principal beneficio de contar con la emergencia declarada, según se indicó, es de orden tributario: según el nivel de daño, habilita prórroga o suspensión de embargos, suspensión de juicios, prórroga en el pago de impuestos o, si el daño supera el 80%, condonación y extensión del pago de impuestos durante el período que abarca la emergencia, sin límite de hectáreas, de razón social ni de tipo societario. Para quien tiene créditos en organismos públicos como el CFI la emergencia funciona además como un disparador para gestionar diferimientos o programas de pago; los fondos nacionales que antes llegaban a las provincias para este tipo de situaciones, señalaron, ya no están disponibles por esa vía.
Subsidios y prórrogas que no dependen de la emergencia
Más allá de que la emergencia esté o no declarada, aseguraron que ya están vigentes un subsidio por contingencia climática para productores con daño certificado mayor al 35% y hasta 20 hectáreas empadronadas -un universo que, según precisaron, representa el 90% de los productores- y una prórroga en los créditos con la Fiduciaria San Juan y la Agencia Calidad San Juan, que no es automática y debe gestionarse según el nivel de daño, con plazos de entre tres meses y un año. Yanzón coincidió en que esos certificados de daño ya están disponibles para quien quiera retirarlos, pero remarcó que esa asistencia, por sí sola, no alcanza.
Otros reclamos sin respuesta: el agua y el Cargo Único Municipal
Yanzón sumó a la agenda dos reclamos de mediano y largo plazo para la competitividad del sector. El primero es la eliminación del Cargo Único Municipal (CUM), que según el dirigente ya está eliminado a nivel nacional pero que los municipios de la provincia todavía no aplican. El segundo es el agua: por las normas vigentes, dijo, el Departamento de Hidráulica no puede ejecutar los fondos que genuinamente recauda, lo que se traduce en una desinversión que afecta la entrega de agua en tiempo y forma y eleva los costos de producción. También mencionó el reclamo por la inseguridad. Sobre estos tres puntos, indicó, tampoco hubo respuestas concretas, más allá del compromiso de escuchar al sector en las medidas estructurales.
La cuestión de fondo: tasa cero, créditos y reconversión
Para Yanzón, la cuestión de fondo para el sector es el financiamiento: la combinación de heladas sucesivas y precios por debajo del costo de producción -lo que llamó una “tormenta perfecta”- no se resuelve con subsidios sino con un financiamiento puente a tasa cero, que permita atravesar la contingencia y devolverse una vez superada, sin tener que abandonar la actividad. Lo fundamentó en que la vid es un cultivo perenne: a diferencia de otros cultivos, no se puede dejar de trabajar un año y retomarlo al siguiente, porque el abandono es irreversible. Sobre ese pedido puntual, la reunión no cerró con una respuesta: dijeron que lo iban a evaluar. Tampoco hubo definiciones sobre la audiencia con el gobernador Orrego, pedida por la Mesa Vitícola desde octubre.
Desde el Estado, en cambio, la cuestión de fondo es otra: cómo resolver la crisis de larga data que arrastra la vitivinicultura desde hace décadas, producto de la caída sostenida del consumo de vino. Provincia sostiene que la salida no pasa por una medida puntual, sino por una solución definitiva de mediano plazo, que incluya la reconversión de las explotaciones, la recuperación de la rentabilidad de esos sectores y una salida gradual a través de programas de planificación y diversificación productiva. Remarcaron que invitaron a los productores a sumarse a ese proceso, aunque reconocieron que hay quienes, por la urgencia de la situación actual, se sienten “asfixiados” y no ven cómo pueden hacerlo.