"El día que Argentina despierta, Sudamérica tiembla": con esa frase, uno de los representantes de las empresas internacionales de genética de uva de mesa resumió el clima del panel que cerró, esta mañana, la mesa sectorial de Agroindustria del FNS Forum, en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Bautizado "Refundación Vitícola, genética que transforma", el encuentro reunió por primera vez cara a cara a representantes de cuatro de las principales casas de genética de uva de mesa del mundo con productores, técnicos y funcionarios sanjuaninos.
El panel, moderado por el consultor internacional Óscar "Coco" Salgado —quien había disertado una hora antes sobre poscosecha de uva, en el Panel 2 de la misma mesa—, sentó a Valeria García, Commercial Lead en Chile de Bloom Fresh; Karl Conrads, representante en Sudamérica de Grapa Varieties (la empresa californiana dueña de las marcas ARRA™ y Early Sweet™) a través de la firma territorial Grapasa; Andrés Valdiviezo, de A.N.A Chile (Andes New Varieties Administration), licenciataria en Sudamérica del programa español de uva de mesa ITUM; José Claus, vinculado a la comercialización internacional de Grape Evolution, la firma griega que licencia las variedades del Instituto Volcani de Israel; y Beatriz Pugliese, investigadora de INTA San Juan a cargo del programa de mejoramiento genético de uva del instituto. Mientras ellos daban su mirada desde la oferta genética mundial, el público —productores, empacadores y representantes de cámaras— fue quien terminó planteando, en la ronda final, las preguntas más concretas sobre cómo se traduce todo esto en el día a día de una finca.
La primera condición: confianza, antes que cualquier variedad
A la primera pregunta del moderador —qué necesitan las empresas para animarse a traer sus variedades a la Argentina— los cinco panelistas coincidieron en una misma palabra: confianza. Conrads, con más de 40 años en el negocio de la uva, enumeró tres condiciones: reglas claras de propiedad intelectual (contó que hoy ya se producen en el país, de forma ilegal, variedades de distintos programas genéticos, sin que exista forma de controlarlo), una inserción tecnológica real para competir con Chile, Perú y Brasil —desde riego y maquinaria hasta certificaciones de calidad y logística de frío— y, por último, el apoyo del Estado para agilizar trámites que hoy, dijo, "son una telaraña" de 20 a 30 años de atraso.
García, de Bloom Fresh, pidió certezas técnicas, políticas y jurídicas: conocer las condiciones de cosecha, embalaje y comercialización locales, pero también una visión de largo plazo que trascienda a cualquier gobierno en particular, de modo que el proceso no dependa de quién esté sentado en el cargo. Valdiviezo, de A.N.A Chile, fue el más detallado: recordó que desarrollar una variedad lleva entre 7 y 10 años de cruzamientos y selección, con cientos de variedades descartadas por cada una que llega al mercado, y que ese esfuerzo solo se sostiene si existe fiscalización efectiva —no alcanza con que la ley exista en el papel— y si la industria entiende el pago de royalties como parte del negocio, no como un costo externo. José Claus, hablando desde su experiencia como importador definió la confianza como "una situación de dos partes": la casa genética necesita saber que el productor va a cuidar el material, y el productor necesita un producto realmente competitivo a cambio.
Pugliese, la única voz local del panel, coincidió en la necesidad de reglas claras, pero agregó un matiz: para INTA, el problema no es solo legal. Las variedades, dijo, hay que probarlas en cada zona antes de invertir en ellas, porque lo que funciona en una región puede no funcionar en otra —citó el caso de una helada reciente en la que las variedades de INTA, de uso libre y sin royalty, tuvieron mejor comportamiento que variedades comerciales—. Para ella, la gran falencia de fondo es la articulación institucional entre el Estado, el INTA, las cámaras y los productores, más que la falta de reglas en sí mismas.
El consumidor ya no quiere solo tamaño: busca sabor, salud y menos químicos
Sobre hacia dónde va la innovación varietal, el panel coincidió en que la primera etapa de la genética moderna —centrada en calibre y productividad, con rindes que hoy superan los 20.000 kilos por hectárea— ya está saldada, y que la nueva frontera combina experiencia de consumo, salud y sostenibilidad. García habló de variedades con sabores distintivos y compuestos funcionales, pensadas para que comer una uva se perciba "más saludable que comer un snack industrial". Valdiviezo sumó la logística como un eslabón que también necesita genética propia: fruta capaz de resistir viajes más largos frente a eventuales trastornos geopolíticos que estiren los tiempos de transporte de 25 a 50 días, algo que ya empieza a planificarse.
José Claus fue el más técnico al hablar del futuro: explicó que en un mercado maduro y exigente como el alemán, donde según su estimación un 95% de la uva que ingresa se mueve en el segmento de precio y volumen y solo un 5% busca producto premium, la clave pasa por mejorar la productividad —lo único que el sector realmente controla— y adelantó que la edición genética, entendida como la capacidad de identificar y activar potencial genético ya presente en los bancos de germoplasma, es "lo más excitante" que viene. Argentina, señaló, tiene hoy una regulación relativamente flexible en la materia, aunque advirtió que cualquier desarrollo de este tipo necesita, además, que los países de destino de exportación también lo acepten, una discusión todavía abierta a nivel internacional.
"Un tigre dormido": por qué Argentina, por qué ahora
A la pregunta de por qué el interés internacional llega recién ahora, Conrads apeló a la metáfora que resumió el espíritu del encuentro: comparó a la Argentina con "un tigre dormido" que, cuando despierta, hace temblar a toda la región, y atribuyó el letargo de los últimos 20 a 30 años a la falta de dólares y al exceso de burocracia más que a una falta de capacidad técnica o empresarial, que —dijo— siempre existió. Valoró en particular la actitud de la Secretaría de Agricultura de salir a buscar activamente a las empresas en lugar de esperar a que llegaran solas, algo que un productor individual no puede lograr frente a organismos como el INASE.
García coincidió en que Bloom Fresh viene detectando cambios relevantes en la política pública sanjuanina que no se veían hace mucho tiempo, lo que les permite pensar en una "refundación" ordenada y orgánica del sector, aprovechando que la genética disponible hoy es mucho más avanzada que la de hace una década. José Claus citó la frase latina "audentes fortuna iuvat" ("a los audaces los acompaña la suerte") para describir el momento, y comparó la energía del encuentro con la chispa que encendió la Revolución Francesa, aunque advirtió que esa energía solo sirve si existe un "buen engranaje" institucional para transmitirla, con reglas y mecanismos de control. Pugliese cerró el bloque insistiendo en que la Argentina ya tiene el clima, el conocimiento y el interés: lo que falta, dijo, es que el Estado, el INTA, las asociaciones de productores y las cámaras se articulen para que ese interés se traduzca en resultados.
El modelo sudafricano y la lección de Chile y Perú
Consultado sobre el rol de la asociatividad, José Claus puso como modelo a SATI (South African Table Grape Industry), la entidad que reúne bajo un mismo paraguas a más de 900 productores y exportadores sudafricanos de uva de mesa junto con universidades, institutos de investigación, empresas de genética y especialistas en logística y mercados, con estadísticas públicas de libre acceso. Valdiviezo coincidió en que una asociación de productores es necesaria, aunque aclaró que su función no debería ser regulatoria —eso es tarea del Estado— sino la de transmitir hacia afuera las necesidades del sector y producir información de mercado que ninguna empresa individual puede generar por sí sola.
Conrads completó el cuadro con la historia reciente de Chile y Perú: recordó que Chile llegó a liderar la producción regional de uva de mesa hasta que Perú, apoyándose en asociaciones como ProVid (que agrupa a productores y exportadores, ya que en ese país suelen ser los mismos actores) y Fedefruta, construyó en pocos años una industria capaz de desplazarlo del primer lugar. La clave de la asociatividad, dijo, no está solo en una gran cámara nacional sino en la unión local de tres, cuatro o cinco productores para alcanzar el volumen de frigorífico y logística necesario para negociar con las grandes cadenas de supermercados de Europa, Estados Unidos o Asia. Fue categórico sobre el rol del Estado: "no se necesita que el gobierno invierta ni que le diga al privado cómo producir"; su tarea es regular y dar facilidades, porque "si hay negocio, el capital llega solo".
Clima y diversificación: el desafío puntual de Cuyo
Consultada puntualmente por los desafíos agronómicos de San Juan y Mendoza, Pugliese explicó que ambas provincias concentran el grueso de la producción nacional de uva fresca —San Juan, dijo, representa el 80%— y que lo que hoy se necesita son variedades más adaptadas a una variabilidad climática creciente, con el cambio climático como un factor que ya no puede quedar afuera del desarrollo varietal. Recordó que la producción de uva fresca argentina ya no se limita a Cuyo —mencionó a Salta y Tucumán, con cosechas más tempranas que podrían ampliar la ventana comercial, a la manera de lo que hace Perú— y remarcó la capacidad de diversificación de San Juan, que en los años flojos de vino se vuelca hacia pasas y mosto, además de contar con infraestructura de frío parcialmente ociosa que podría reactivarse.
La ronda de preguntas: royalties, edición genética y fraude
El público —productores, un empacador de "tercera generación" que se presentó también como representante de una cámara, y un asistente que se identificó como agrónomo— llevó el debate a un terreno más concreto. Ante la consulta de un productor sobre cómo se cobran los royalties, el panel detalló que cada casa genética negocia por separado: algunas cobran por hectárea plantada, otras por caja o por un porcentaje de la venta, y hay esquemas de pago fijo —se produzca o no— frente a otros, como el de José Claus, que cobran en función de lo efectivamente plantado, ajustando el riesgo de pérdidas como el granizo a una lógica de relación comercial de largo plazo antes que de cobro inflexible.
Sobre la percepción del consumidor frente a la edición genética —consulta de un productor que trazó un paralelo con la resistencia que genera esta tecnología en el mundo del vino—, el panel aclaró que, hasta ahora, las resistencias a enfermedades logradas en sus variedades provienen de cruzamientos genéticos naturales, no de edición tipo CRISPR, y que esa tecnología, aunque ya existe, requiere además que los mercados de destino la acepten regulatoriamente, algo que todavía está en discusión a nivel mundial.
La pregunta más filosa llegó de un empacador sanjuanino de uva de "tercera generación", que invirtió los roles: en lugar de preguntar qué necesita la Argentina, preguntó directamente a las empresas qué garantías necesitan ellas para animarse a entregar variedades, de modo de construir junto al Estado una legislación que sirva a ambas partes. La respuesta del panel fue elocuente: antes que cualquier ley, lo que hace falta es voluntad. El Estado no puede, dijeron, mandar una policía a controlar campo por campo; son los propios productores quienes mejor saben qué tiene plantado cada vecino y qué llega al mercado, por lo que el control real debe nacer de ellos mismos, acompañado —no reemplazado— por un marco legal.
Sobre qué hacer frente a eventuales casos de adulteración o uso irregular de las variedades, uno de los panelistas relató una experiencia personal que coincide, en sus líneas generales, con un antecedente real y ya documentado en la prensa internacional del sector: contó que, años atrás, trabajó para introducir la variedad Early Sweet en Egipto, en un momento en que ese país no tenía marco legal para proteger variedades, y que fue un grupo de productores el que asumió voluntariamente el rol de autorregularse, antes incluso de que existiera una ley. Según registros de la industria, Egipto adhirió en 2019 al convenio internacional UPOV de protección de obtenciones vegetales, y en 2022 un tribunal económico egipcio ordenó, en un fallo calificado como histórico por la prensa especializada, el arrancado de unas 9.000 plantas de Early Sweet cultivadas sin licencia —un antecedente que la propia empresa dueña de esa variedad, Grapa, difundió como un punto de inflexión para la protección de la propiedad intelectual en ese país—.
El cierre
Terminada la ronda de preguntas, tomó la palabra Miguel Moreno, secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, para cerrar la jornada con una serie de agradecimientos y un repaso del proceso que llevó a este encuentro y confirmó que la firma de un convenio que daría mayor seguridad jurídica al proceso está prevista para las próximas horas, en el marco de reuniones que se vienen sosteniendo desde julio junto con la Secretaría de Agricultura de la Nación, el INASE y el SENASA, con el objetivo declarado de agilizar la normativa que las empresas de genética necesitan para operar en el país. Citó además una definición que atribuyó al gobernador Marcelo Orrego sobre la necesidad de abordar, desde la gestión provincial, cambios estructurales y no solo coyunturales.
Cerró pidiendo a los productores locales que dejen las diferencias internas de lado y trabajen unidos a través de sus cámaras, como condición para ofrecerles a las empresas de genética el compromiso que, según remarcó todo el panel a lo largo de la mañana, es la verdadera moneda de cambio de este proceso.