En el país, la ley no permite provocar la muerte, pero sí decidir cómo atravesar el final de la vida. En qué consiste la muerte digna.
Eutanasia: en qué consiste la "muerte digna", la alternativa que es legal en Argentina
Foto:
A diferencia de la eutanasia, la legislación argentina permite rechazar tratamientos médicos para evitar el sufrimiento en enfermedades irreversibles, priorizando la voluntad del paciente. Desde 2012 rige la Ley 26.742, una modificación de la Ley de Derechos del Paciente que establece el derecho a rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida. Muerte digna.
El caso de Noelia Castillo Ramos, quien accedió a la eutanasia el 26 de marzo en España, volvió a poner en debate el derecho a morir con dignidad en la región. Su decisión, avalada por la Justicia europea, reavivó las preguntas sobre qué opciones existen en Argentina frente a situaciones de sufrimiento extremo o enfermedades irreversibles.
En el país, la eutanasia, entendida como una intervención activa para provocar la muerte, no está permitida. Sin embargo, desde 2012 rige la Ley 26.742, una modificación de la Ley de Derechos del Paciente que establece el derecho a rechazar tratamientos médicos que prolonguen artificialmente la vida. Este marco legal reconoce la autonomía de las personas para decidir sobre su propio cuerpo en etapas críticas de salud.
La norma contempla que pacientes con enfermedades terminales o irreversibles puedan negarse a prácticas como la reanimación, cirugías invasivas o el uso de soporte vital cuando estas medidas solo extienden la agonía sin mejorar la calidad de vida.
También regula situaciones como la hidratación o alimentación artificial cuando su único efecto es prolongar el estado terminal.
La principal diferencia entre la muerte digna y la eutanasia radica en la intención médica. Mientras que la eutanasia implica una acción directa para causar la muerte a pedido del paciente, la muerte digna permite que el proceso natural siga su curso sin intervenciones desproporcionadas. Es decir, no se busca provocar el fallecimiento, sino evitar el sufrimiento innecesario.
Este enfoque se complementa con la Ley 27.678, sancionada en 2022, que garantiza el acceso a cuidados paliativos integrales. Estos tratamientos están orientados a aliviar el dolor físico, así como el sufrimiento emocional, social y espiritual de pacientes con enfermedades graves o avanzadas, mediante equipos interdisciplinarios.
El debate en torno a estas prácticas también incluye dimensiones éticas y médicas. Especialistas destacan la importancia del consentimiento informado, las directivas anticipadas y el acompañamiento profesional para tomar decisiones en momentos críticos.
Además, remarcan que estas herramientas buscan evitar el llamado “encarnizamiento terapéutico”, es decir, la prolongación innecesaria de la vida mediante intervenciones invasivas.
En este contexto, el caso de Noelia Castillo Ramos expone las diferencias entre legislaciones y vuelve a instalar una discusión sensible: cómo garantizar una vida digna hasta el final, respetando la voluntad de cada persona y reduciendo el sufrimiento en sus últimos momentos.