El Gobierno sube la apuesta en su embate contra el Poder Judicial con un inédito documento crítico contra la Corte Suprema de Justicia que presentará oficialmente Mañana en Ginebra (Suiza) ante Secretaría de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

El contenido de ese documento, que habla sobre los mensajes de odio, el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el lawfare, generó un fuerte mensaje de repudio por parte de Juntos por el Cambio, cuya Mesa Nacional emitió un comunicado en el que aseguraron que el Ejecutivo pretende "justificar ante la comunidad internacional la embestida en contra de la Justicia independiente".

Se trata de una denuncia en la que desprestigia a las instituciones de la Argentina y a los poderes de la democracia que no le son afines. Este informe, que se presentará en sociedad este lunes, pero que ya hizo su ingreso en la ONU, critica a los medios de comunicación independientes, a la oposición política y a "sectores concentrados del poder económico y mediático" que, llega a decir, tienen la finalidad de "proscribir" a figuras centrales del escenario político".

Esta insólita medida de un Estado criticando a sus propias instituciones fue duramente condenado por

la principal fuerza opositora, Juntos por el Cambio (JxC) que lo tildó de "absolutamente falso" y con la única finalidad de "garantizar impunidad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

De hecho, el informe habla explícitamente de que la expresidenta es víctima del llamado "lawfare", mecanismo que describe de manera casi escolar.

La delegación argentina que presentará el informe estará encabezada por el Secretario de Derechos Humanos, el ultra K Horacio Pietragalla Corti, y el Representante ante los Organismos Internacionales del gobierno de Alberto Fernández, Federico Villegas Beltrán. Pietragalla es un dirigente que utiliza su despacho de secretario de Estado para defender a ultranza las causas del ultrakirchnerismo.

Pero el Gobierno lo utilizó para victimizarse del "lawfare o guerra jurídica" contra Cristina Fernández de Kirchner. En ese tren sostiene que dicha práctica "es impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático con la finalidad de "proscribir" a figuras centrales del escenario político".

Dice que el lawfare es una práctica violatoria de los derechos humanos, una política de hostigamiento, proscripción y persecución política en sede judicial, un proceso penal fraudulento contra referentes políticos que representan a sectores populares, por lo que le reclama finalmente el "acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos".

Continúa diciendo que en estas causas judiciales, como las que enfrenta la exPresidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, "se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho", que se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal.

El documento causó estupor en la oposición: "Repudiamos la acción de los representantes del gobierno nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes, insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista", reza el comunicado de JxC.

La hora señalada

El informe será presentado a la comunidad diplomática este lunes 23, a las 14.30 hs, hora suiza, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Será en el marco del "Examen Periódico Universal" (EPU) sobre la Argentina. Esta actividad se produce aproximadamente cada cinco años, desde el año 2006 por decisión de la Asamblea General.