Las malas noticias para el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Javier Milei no paran y ayer sumó otros fuertes embates en la Justicia que pone en terapia intensiva al paquete de reformas, principalmente en el capítulo laboral. La Cámara de Apelaciones del Trabajo, por segundo día consecutivo, dictó una cautelar suspendiendo la reforma laboral del DNU en una presentación que hizo la CTA y que sigue los mismos pasos que la concedida el miércoles a la CGT, es decir, suspender la norma hasta tanto se dicte la cuestión de fondo, o sea, la constitucionalidad de paquete de reformas. Pero el revés más pesado llegó con la firma del juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, que habilitó la feria judicial de enero para tramitar los amparos que reclaman la inconstitucionalidad de todo el decreto de necesidad y urgencia que dictó el gobierno, pero además, dictaminó que sean tratados, por separado, los distintos amparos, lo que desarma el proceso colectivo en el cual el Gobierno de Javier Milei pretendía que confluyeran todos los cuestionamientos a esa medida. Y si esto fuera poco, determinó que el fuero laboral (cercano al sindicalismo a través del exdiputado kirchnerista Héctor Recalde) sea el que tramite el amparo que presentó la CGT para frenar la reformas al trabajo que impulsó el Presidente.

El Gobierno tenía fuertes esperanzas que toda la discusión sobre el DNU se tramitarán colectivamente y que la presentación de la CGT la tratara el fuero administrativo federal y el laboral donde tiene más chances de ser rechazado.

La decisión de Lavié Pico va en contra de lo que quería el Ejecutivo nacional que buscaba que ese tramo pasara el fuero Contencioso Administrativo. De todas maneras, el Gobierno apelará esta medida a través de un recurso que presentará el Procurador General del Tesoro, Rodolfo Barra.

En cuanto al planteo colectivo, el juez Lavié Pico declaró la inadmisibilidad formal de la acción como proceso colectivo -como había sido considerada la presentación del Observatorio de Derecho de la Ciudad- y comunicó al Registro de Procesos Colectivos, para su 'desvinculación inmediata'. En esa dirección, el magistrado -quien se encuentra de turno en la feria judicial- ordenó que sean remitidas a 'las jurisdicciones correspondientes' las 'actuaciones que hubieran sido vinculadas al presente proceso' colectivo, informaron fuentes judiciales.

La decisión del juez habilita a que los jueces federales de distintas jurisdicciones puedan tramitar y resolver en los casos que se abran contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Fue en ese contexto que el magistrado consideró que se volvía inoficioso el pedido de inhibitoria del Estado Nacional para acumular las causas en trámite en el fuero laboral -donde se dictaron medidas cautelares que suspenden parte del DNU- al fuero Contencioso Administrativo Federal.

El juez Lavié Pico también consideró que el DNU trata materias muy disímiles y por ese motivo su contenido puede ser tratado por diferentes fueros y no sólo por los juzgados que entienden en lo Contencioso Administrativo. Esa decisión es justamente lo que reclaman la CGT y la CTA, que presentaron sus demandas ante la Justicia Laboral porque denuncian la parte del DNU que, según ellos consideran, afecta los derechos laborales.

Dice Lavié Pico: ' la normativa cuestionada modifica leyes que regulan materias muy disímiles entre sí (Farmacias, Hidrocarburos, Turismo, Energía Eléctrica, Código Civil y Comercial, Registro Automotor, Trabajo, Salud, Comercio Exterior, Reforma del Estado, Código Aeronáutico, entre otras, y dentro de ellas aspectos particulares) y que tramitarían en diferentes ámbitos judiciales'.

El rechazo al DNU también sumó ayer una presentación de un total de 500 intendentes de todo el país, la mayoría del peronismo, agrupados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) que lleva la firma del titular de la organización e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 'hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada'.

> Presión por bicameral
Un grupo de diputados nacionales de la UCR le solicitó ayer al presidente de la Cámara, Martín Menem (LLA), que constituya la comisión bicameral de Trámite Legislativo para poder avanzar con el análisis del DNU emitido por el Poder Ejecutivo el pasado 20 de diciembre.

CAMBIOS AL DNU

> Marcha atrás con artículos sobre pesca

El ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló ayer que se realizarán cambios en los artículos que se refieren a la actividad pesquera que forman parte del proyecto de Ley ómnibus que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para su tratamiento.

Tras las críticas que el Gobierno había recibido por parte de los gobernadores de las 5 provincias patagónicas y de las cámaras y sindicatos del sector, ayer Francos recibió en su oficina al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y al intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro. 'Tenemos claro que la pesca es un recurso de los argentinos' y garantizó que 'para el Gobierno las 200 millas son de pesca nacional, pesca de buques con bandera nacional', , sostuvo Francos en una rueda de prensa. El funcionario adelantó que, a partir de lo dialogado, realizarán algunas 'clarificaciones' en el proyecto de Ley para superar de esta forma las controversias que se generaron en torno al tema.