A días de que asuma el nuevo gobierno de Javier Milei, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sufrió ayer un duro revés judicial. La Cámara Federal porteña, un tribunal de segunda instancia, ordenó reabrir la investigación contra CFK por la "Ruta del dinero K".

Esta causa, centrada en maniobras de lavado de dinero por las que el empresario Lázaro Báez fue condenado en 2021 a doce años de cárcel, había sido cerrada en junio por falta de acusadores. La Cámara decidió revocar el sobreseimiento dictado entonces por el juez Sebastián Casanello, de primera instancia, cuando rechazó como querellante a la asociación civil Bases Republicanas, una ONG cercana al macrismo.

La orden de reabrir la investigación fue una decisión dividida. El juez Eduardo Farah votó en minoría por considerar que la ONG no era "una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar en la causa" y por tanto no podía hacerse lugar a su petición. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, en cambio, consideraron que sí era pertinente la apelación de la ONG. "Los argumentos expuestos por los querellantes (las ONG) en el recurso resultan suficientes como para advertir la necesidad de despejar por completo la incertidumbre, conocer la verdad de los hechos y la participación de la imputada en esta causa", manifestó el juez Llorens en el fallo.

Bases Republicanas decidió presentarse como querellante ante la Justicia después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desistiesen de la acusación contra Kirchner. Los organismos estatales se retiraron tras un dictamen adverso de la Fiscalía en el que se señalaba que la relación entre Kirchner y Báez no era suficiente para probar la participación de la dirigente en las operaciones de lavado de activos investigadas. El juez Sebastián Casanello rechazó esta ONG como querellante, pero la Cámara la aprobó.

La causa comenzó en 2013. En 2021, la Justicia encontró culpable a Báez de blanquear activos por 60 millones de dólares entre 2010 y 2013, cuando su nombre figuraba entre los contratistas del Estado preferidos por el kirchnerismo. Báez era entonces dueño de Austral Construcción, una empresa con sede en Santa Cruz, la provincia que fue bastión político del kirchnerismo, que lo convirtió en millonario gracias a jugosos contratos estatales. Un tribunal superior confirmó la culpabilidad de Báez pero rebajó la pena. La Justicia condenó también por esta causa a los hijos de Báez.

> ARA San Juan: alivio para Macri

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó ayer el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017.

La decisión de la Cámara de Casación también generó un posteo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de la red social X (ex Twitter). Escribió que "Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan" en el mismo día en que a ella le reabrieron la investigación en la causa mediáticamente conocida como "Ruta del dinero K".

Ayer, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma (que votó en disidencia) confirmó la resolución de la Cámara Federal que había dispuesto el sobreseimiento de Macri.