Estaba previsto que la extensa discusión por la despenalización del aborto arrojara algunos discursos, por lo menos, llamativos o grandilocuentes, y entre quienes se destacaron en ese sentido fueron la diputada peronsita Ivana Bianchi y la legisladora radical Estela Regidor Belledone.

Es que el discurso de Bianchi trascendió por sus advertencias ante lo que denunció que puede ocurrir con los embriones que sean abortados: "Otro punto al que me voy a referir es lo que ha pasado en Estados Unidos, Inglaterra, Austria y Francia sobre la gran campaña de la industria millonaria del aborto. Justamente considero que si se da este proyecto podrían realizarse tercerizaciones de prestaciones de los mismos, y esto llevaría a no tener un control ético".

"Es así el caso de una multinacional muy conocida en EEUU Planned Parenthood, que tiene servicios reproductivos en Estados Unidos, que el Estado le otorga financiamiento por USD 500 millones, subsidio que se le ha sacado por las denuncias. Existen los videos, una doctora dice 'somos muy buenos en conseguir el corazón, el pulmón y el hígado porque intentamos no apartar esa parte, sino aplastar y presionar por arriba y por debajo para sacar las partes íntegras'. Esto es porque se puede pagar hasta USD 100 por cada parte de feto", aseguró Bianchi.

En esa línea, concluyó que "esto mismo ocurre en el Reino Unido, ocurre el tráfico de cerebros en Francia, está denunciado, en España, en Australia. Entonces me pregunto cuál será el destino que se le va a dar a estas muertes, van a ir a una bolsa, van a ser comercializados, van a ser para investigación, debemos ser responsables a la hora de legislar, donde el proceso se debe anteponer a la decisión".

La advertencia de Bianchi en torno a la ONG estadounidense Planned Parenthood tiene que ver con una polémica que empezó en 2015 cuando se difundió un video con signos de haber sido editado protagonizado por una representante de esa organización en el que explica cómo esa ONG proveé de tejido fetal a distintas investigaciones.

Eso derivó en la quita de subsidios del Estado norteamericano a nivel federal y estatal y en una investigación del Congreso que concluyó con un informe de más de 470 páginas pero no derivó en ninguna avanzada judicial.