El fallo de primera instancia del juez Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la UBA.
Revés para Milei: declaran inconstitucional el decreto que frenó la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó aplicarla de inmediato
Foto:
El juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025 de Javier Milei, que había frenado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario -al atar su ejecución a la Ley de Administración Financiera- y ordenó su inmediata aplicación.
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 hizo así lugar al amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, junto con la demanda de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su resolución el juez declaró inconstitucional el decreto 759/2025 "en lo relativo a la mención incluida 'sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629'" y ordenó al Ejecutivo que dicte las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias para garantizar "el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario".
En la práctica, lo que hace el fallo es anular el recurso que había utilizado el Gobierno para condicionar la ejecución de la ley a la existencia de financiamiento y partidas presupuestarias, ya que la ataba a la Ley de Administración Financiera.
Esta norma, en el artículo 5, dice que "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional".
Ahora el fallo de Cormick -que es de primera instancia- desactiva este freno. En sus argumentos, el magistrado recordó que ya existía una cautelar que ordenaba cumplir los artículos sobre salarios y becas. También cita una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso que estimó que el costo de la ley para 2025 equivalía a sólo el 0,23% del PBI.
El magistrado planteó que el accionar del Gobierno operó como un “mecanismo extraconstitucional” y una forma de bloqueo no contemplado en la Carta Magna. A su vez, destacó que el artículo 9° de la norma brindaba criterios y recursos adecuados para que el Ejecutivo redistribuyera los presupuestos indispensables en su implementación.
La Ley 27.795 -conocida como Ley de Financiamiento Universitario. establece que el Poder Ejecutivo debe definir las partidas presupuestarias del programa “Desarrollo de la Educación Superior” para asegurar el ingreso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, además de incrementar recursos para tecnología, investigación, extensión universitaria y formación del personal docente. También contempla la actualización de los salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la incorporación de sumas no remunerativas y no bonificables a los básicos.
La norma 5 había sido aprobada originalmente por el Congreso en agosto de 2025, pero Milei la vetó. Sin embargo, en un fuerte aval legislativo, tanto Diputados como el Senado insistieron con el proyecto. Ante la imposibilidad de volver a vetarlo, en octubre de 2025 lo que hizo el Gobierno fue promulgarla, pero dejarla en suspenso hasta que el Parlamento defina de dónde saldrán las partidas para financiar dichos gastos.
