En el Gobierno sanjuanino estiman que al cerrar el año el impacto de la aplicación de la cláusula gatillo, una herramienta que se puso en marcha para que los sueldos de los empleados públicos no pierdan la carrera frente a la inflación, llegará al 43%. Y, según las cuentas más finas que sacan, a los estatales les terminará resultando mucho más beneficioso este instrumento que si se hubiera dejado de lado y, en cambio, se hubiera optado por el pago de un bono de fin de año. Para este mes, el impacto del mecanismo será del 5,4% y ya asciende al 39,5% en lo que va del 2018.

Mientras que en San Juan un empleado que en febrero ganaba 20.000 pesos, por aplicación de la cláusula gatillo, al cabo del año, con el 43% estimado, percibirá en enero 28.600 pesos, al igual que en febrero (ver infografía); en cambio, un trabajador estatal de cualquier otra provincia argentina, que tuvo un incremento promedio en paritarias del 20%, aun con el bono de 5.000 pesos, que se abonará en 2 cuotas, la primera en diciembre y la otra en enero, terminará cobrando menos que un trabajador sanjuanino. Unos 2.100 pesos por debajo en enero y la diferencia trepa a 4.600 en febrero. Esto es porque desaparecerá el efecto del bono y, en cambio, al estatal de la provincia la suba se le incorporará a su haber mensual. Incluso en algunas provincias ya se habla de que el bono podría ser descontado de la negociación paritaria del año próximo.

La cláusula gatillo fue un mecanismo que puso en marcha la gestión uñaquista con los empleados estatales en las paritarias que se negociaron en febrero, para que la remuneración de los trabajadores no quedara desfasada frente a la inflación. Incluso, San Juan es la única provincia del país que mantiene este tipo de acuerdo con su personal porque en los casos de Santa Fe, Córdoba y Mendoza lo desestimaron ante la imposibilidad de poder afrontarlo.

Este año, tras la suba salarial del 17% acordada en febrero entre los gremios de trabajadores estatales y el Gobierno, en julio, la inflación acumulada alcanzó el 19,6%, sobrepasando la cifra anterior. Esto derivó en la activación por primera vez en el 2018 de la cláusula gatillo, lo que llevó a cada trabajador estatal a percibir un aumento del 2,6% en sus salarios, suba que fue efectiva en agosto.

Ese mismo mes, el índice inflacionario fue del 24,3% (de enero a agosto), lo que generó una nueva activación de la cláusula y el consiguiente aumento en el salario de los trabajadores del 24,3% sobre los salarios de febrero 2018.

El mes pasado, conocida la inflación acumulada a septiembre, la cual alcanzó el 32,4%, el Gobierno provincial activó otra vez el mecanismo de ajuste, con lo cual el salario de octubre mostró un incremento del 6,5% respecto al de septiembre. Ahora, la variación del Índice de Precios del Consumidor Nacional (IPC), acumulada a octubre 2018 asciende a 39,5%, es decir que los salarios del mes de noviembre, que se abonarán a partir de mañana jueves, reflejarán un incremento del 39,5% respecto a los salarios de febrero de 2018. Con un 3,5% más estimado a noviembre, en el último mes del año el beneficio total del instrumento trepará al 43%.

En San Juan, según las cuentas que sacan en Hacienda, son unos 41.500 los agentes que se benefician mes a mes con este mecanismo de ajuste. Y otra estimación es que mientras una grilla salarial en febrero ascendía a unos 1.000 millones de pesos, ahora la suma trepó a los 1.400 millones, por efecto de la mejora salarial.

Según el cronograma previsto, además de que mañana empezarán a cobrar sus haberes los estatales, está previsto que el 18 de diciembre sea el turno del medio aguinaldo, mientras que el sueldo del último mes del año se abonará el 28 del mes próximo.

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39,5 Es el porcentaje del impacto de la cláusula gatillo en los sueldos de los empleados estatales de la provincia hasta ahora, según los datos aportados por el INDEC. A fin de año la cifra trepará al 43%.

Las negociaciones

Como ocurre todos los años, para establecer la política salarial que el Gobierno sanjuanino aplicará a sus empleados, la negociación arrancó con los gremios del sector de la educación, y después se extendió al resto de los agentes de la administración pública provincial. Así fue que el acuerdo inicial se cerró en febrero en un 17%, en dos tramos. El primero fue del 12% de aumento a partir de marzo y el resto, a partir de agosto. Pero, en el camino, hubo circunstancias que llevaron a que el Gobierno provincial modificara el cronograma. La crisis económica que impactó en los últimas semanas del primer semestre puso en alerta al Ejecutivo local, que decidió adelantar el segundo tramo del incremento al sueldo de julio, en busca de mantener la premisa de que el salario no perdiera terreno frente a la inflación. La medida representó "poner en la calle" unos 55 millones de pesos, 30 días antes de lo previsto, por efecto del adelanto del 5% del convenio original. Después vino la cláusula gatillo, cuyo efecto hasta fin de año se estima que llegará al 43%, según las cuentas oficiales.