El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impuso el miércoles por la noche el presidente Javier Milei causó un torbellino de repercusiones por las más de 300 leyes que modificó y/o derogó en algún punto. Una de las que más ruido causó dentro del sindicalismo local es la reforma de la Ley de Contrato de Trabajo, la que fue duramente criticada. Así, en el documento presentado por el jefe de Estado nacional, los períodos de prueba en los que un empleador puede contratar y prescindir del personal, sin derecho a indemnización, se extendió de 3 a 8 meses, además de promover cambios en las indemnizaciones, en los que se propuso un modelo similar al de los empleados de la construcción. En ese marco, los gremialistas señalaron que se trata de medidas que van en contra de la clase trabajadora y provoca la pérdida de los derechos adquiridos.

Eduardo Cabello, secretario General de la CGT, dijo que, por el DNU y las modificaciones en la ley de los trabajadores, "son muchas las repercusiones y los desalientos. Tenemos una Constitución Nacional y derechos adquiridos". Así, explicó que se va a "llevar todo lo que sea judicial a esa área porque no se puede hacer una violación de derechos como se ha hecho". En ese marco, apuntó contra el jefe del Ejecutivo nacional y dijo que "lo que más preocupa es que avasallen el derecho al trabajo y que mañana no lo haya".

En sintonía, Iván Malla, secretario General del gremio minero AOMA, señaló que "todas las medidas son en contra de la clase trabajadora. Estamos analizando los puntos. En todo lo que hemos visto, hasta ahora, no hay una medida que sea favorable para los empleados". Así, dijo que, con esto, "es una mentira que va haber más empleo en blanco. Nos están llevando a otros modelos de Latinoamérica donde hay una clase que le va muy bien y otra, que es la trabajadora, a la que apenas le alcanza para llegar a fin de mes."

En la reforma laboral encarada por el Gobierno nacional, se plantea que "mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir el presente régimen indemnizatorio por un fondo o sistema de cese laboral cuyo costo estará siempre a cargo del empleador", con el fin de paliar los efectos de la crisis y, así, dar libertad en la economía. En ese marco, el líder de AOMA dijo que "nos quieren llevar a un sistema como el de la UOCRA cuando las demás actividades son diferentes. Para ese sector, esa modalidad es buena porque son obras que tiene un tiempo determinado. Pero, para otros sectores, que tienen una estabilidad laboral, es perjudicial".

Por su parte, la secretaria General del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, dijo que, con la extensión del período de prueba, "se está blanqueando una situación que ya venía ocurriendo naturalmente en el comercio. Por lo tanto, no incide tanto", aunque admitió que se encontraba analizando los demás puntos para saber su impacto.

Otra de las modificaciones es la del aporte solidario. Con el DNU, deja de ser obligatorio el descuento que cada trabajador sufre en sus recibos de sueldo y va a parar a la cuota sindical. Ahora, para que eso ocurra, la persona deberá expresar su consentimiento. En ese marco, desde AOMA manifestaron que lo que se trata de hacer "es desfinanciar a los gremios para que pierdan fuerza", mientras que Moral expresó que "si eso es así, nos va afectar en el corazón porque, como sindicato, podemos sobrevivir gracias a eso".

Obras sociales

Dentro de los cambios del DNU, los aportes a las prepagas ya no tendrán que pasar por las obras sociales sindicales, por lo tanto, cada trabajador podrá hacer el pago donde lo vea conveniente. En ese marco, el titular de la CGT local, Eduardo Cabello, no mostró preocupación y dijo que "una prepaga está en 150.000 pesos y de ahí para arriba. Una obra social sindical no está en esos valores. Siempre la gente va a querer tomar el servicio de su gremio. Si se ponen en competencia, competiremos".