Otra vez un grupo de entidades vitivinícolas regionales, en este caso de San Juan, Mendoza y Salta, dieron a conocer su rechazo a un nuevo plan para el desarrollo del sector que quiere poner en marcha la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), en este caso hasta el 2030. Y dicen que es porque no se han alcanzado los resultados propuestos y que, además, la entidad "alteró su misión pretendiendo ser la expresión gremial de la vitivinicultura". Esta vez las quejas las quieren hacer llegar a los ministros nacionales de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Agricultura, Luis Basterra.

La oposición se da cuando la Coviar ha planteado la discusión en talleres del Plan estratégico de la vitivinicultura para la próxima década, el Pevi 2030. Y apunta a impulsar la promoción del vino en los mercados interno y externos, y la integración de productores para que tengan su participación en el precio final del producto.

Las entidades que hacen el planteo ahora son la Federación de Viñateros de San Juan, que conduce Eduardo Garcés, y la Asociación de Viñateros Independientes, de Juan José Ramos. A ellos se suman la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, que preside Gabriela Lizzana; el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de Mendoza, encabezado por Javier Palau, y la Asociación Vitivinícola del Valle Calchaquí, de Salta, que lidera Miguel Lobaglio.

Entre los puntos principales del planteo sostienen que ahora resulta innecesario un nuevo Pevi dada la fallida experiencia del plan 2020 y que, además, al desvirtuarse el objetivo de la Coviar, se ha deslegitimado su institucionalidad. Además señalan que el diseño propuesto para los foros y talleres no resultaron ni resultan ámbitos legítimos de validación de las acciones.

"Siempre hemos destacado el espíritu que animó la creación del Pevi, así como criticamos y advertimos que el obstinado y cerrado comportamiento de algunos dirigentes de la Coviar lo transformarían en una oportunidad perdida", sostienen en otro pasaje de la nota que les quieren hacer llegar a los ministros del Gobierno nacional.

No es la primera vez que entidades que agrupan a viñateros salen a cuestionar el accionar de la corporación. El año pasado, por ejemplo, salieron al cruce del aporte obligatorio para sostener la entidad. Otro cuestionamiento incluyó incluso el pedido de disolución de la Coviar en un intento por achicar el gasto y porque la entidad no había cumplido con los objetivos para los que fue creada. Desde el organismo han rechazado siempre los planteos y ponen como ejemplos el crecimiento de las exportaciones de vinos y del consumo en el mercado interno.