El modelo de negocio de las grandes plataformas digitales sufrió un cambio radical en Australia. Este jueves, el Parlamento aprobó una legislación sin precedentes: la ley de "Incentivo para la Negociación de Noticias", que obliga a gigantes tecnológicos como Meta, Google, Microsoft y TikTok a compensar económicamente a las empresas periodísticas por el uso y la difusión de sus contenidos.
La medida, que ya se encuentra vigente, apunta a reconocer el valor del trabajo periodístico en la generación de tráfico y beneficios publicitarios dentro de las redes sociales y buscadores.
¿Cómo funcionará el nuevo sistema?
La ley establece condiciones claras para las compañías alcanzadas —aquellas cuyos ingresos publicitarios en Australia superan los 178 millones de dólares anuales—:
Acuerdos comerciales: Las tecnológicas deberán negociar convenios con, al menos, ocho empresas periodísticas.
Multas por incumplimiento: En caso de no llegar a acuerdos, las plataformas deberán afrontar una tasa equivalente al 2,5% de sus ingresos publicitarios locales.
Destino de los fondos: El Gobierno ha sido enfático en que cada dólar recaudado tendrá como único fin el fortalecimiento del periodismo profesional. Se proyecta un impacto económico anual de 350 millones de dólares para el sector de los medios.
"El modelo de negocio que sustenta el periodismo se ha visto alterado por las grandes plataformas. Esta ley tiene como objetivo hacer que el sistema sea más justo", explicó Daniel Mulino, ministro de Servicios Financieros australiano.
Un debate global que llega al Congreso
El primer ministro Anthony Albanese defendió la iniciativa calificándola como un respaldo necesario para la sostenibilidad de la prensa independiente. "Se trata directamente de apoyar a los periodistas. Queremos asegurar que la calidad informativa tenga un modelo de financiamiento viable en la era digital", señaló.
Aunque las tecnológicas podrán compensar parte de estos pagos mediante deducciones fiscales, la norma marca un antes y un después en la regulación global. El precedente australiano ya comienza a generar debate en otros parlamentos del mundo, que observan la medida como una hoja de ruta para resolver la asimetría entre las empresas de tecnología y los medios de comunicación que históricamente han nutrido sus plataformas de contenido original.