Una supervisora escolar y un exdirectivo del Centro de Educación Física (CEF N°20, más conocido como "La Granja"), quedaron ayer más complicados en la investigación que inició Fiscalía el 18 de agosto de 2022 contra ellos y otros dos imputados, para determinar si se quedaban o no con la plata que se recaudaba por el alquiler, supuestamente prohibido, de canchas, estacionamiento, un kiosco y otros servicios en ese predio del Ministerio de Educación.

La supervisora, Sandra Vilanova, y el exdirector, Daniel Samat, comenzaron a ser investigados por el presunto incumplimiento de sus deberes de funcionario públicos, luego de que el entonces director del CEF N°20, Walter Vicentela, denunciara presuntas irregularidades el 28 de marzo del año pasado.

En la investigación de Fiscalía, el principal imputado es Miguel Jofré (exdirector del CEF y también exfuncionario en Deportes). También sospechan del expresidente de una cooperadora a través de la cual se canalizaba el manejo del dinero, Mario Sanz.

La sospecha de Fiscalía es que la recaudación por el uso del CEF N°20 es una maniobra ilegal, pues hasta el momento no hay ninguna constancia de autorización para cobrar alquileres en ese lugar público.

El 10 de agosto último, Vicentela amplió su declaración y aportó un cuaderno de la entidad, en el que -según Fiscalía- Samat le anota un mensaje a Jofré: "Esta mañana se sumó otro equipo de hockey para el martes y jueves a la noche; yo no doy precios ni horarios, eso manejalo vos; hay que tener en cuenta que a la noche es otro precio por el personal que hay que pagar (...)".

Para el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales César Recio y Adrián Elizondo (UFI de Delitos Especiales), esa comunicación complica a Samat como coautor en el delito principal atribuido a Jofré, peculado de servicios.

En Fiscalía decidieron imputarle una supuesta participación necesaria a Vilanova en el peculado, porque luego de saber de las supuestas anomalías, organizó reuniones informativas y no dio aviso a sus superiores en Educación y tampoco denunció en la Justicia Penal. Según los pesquisas, sólo avisó sus superiores cuando Vicentela denunció, para luego apartarlo de su cargo e iniciarle un sumario.

Según Fiscalía, el propio Vicentela aseguró que, luego de informar las "anomalías", Vilanova ella autorizó a Jofré a seguir cobrando alquileres en el CEF N°20.

"Ese tipo no está bien de la cabeza y sigue presentando pruebas por una venganza personal. A él lo separan del cargo no por uno sino por 24 hechos (irregulares)", dijo Jorge Aguiar, abogado defensor de Jofré. Según el letrado, presentó abundante documentación sobre tres puntos claves: pruebas contra el denunciante Vicentela; los datos contables para corroborar que no hubo desvío de fondos. Y, sobre todo, evidencias de que el Ministerio de Educación sabía del cobro de alquileres en el CEF N°20 por lo menos desde 1986. Hasta mencionó que tiene pruebas de que una supervisora se encargaba de poner precios y cobraba los alquileres.

"Cuando Fiscalía analice la prueba que ofrecimos, estoy seguro de que va a pedir el sobreseimiento", dijo Aguiar, convencido.

El letrado y los demás defensores, Laura Pelayes, Marisel Sanz y Andrés Troche, se opusieron al plazo de 1 año más que pidió Fiscalía para seguir con la investigación.

La jueza de Garantías, Gema Guerrero, finalmente concedió 7 meses a los investigadores.