El empresario Hugo José Naranjo quedó a un paso de no ser enjuiciado por un presunto fraude multimillonario contra la empresa "Escobar Sacifi": 14 años y medio después de ser denunciado, la causa que lo tiene como principal imputado puede prescribir, es decir quedar en nada por el vencimiento de los plazos para investigar y juzgar, dijeron fuentes judiciales.

Naranjo es el protagonista de un resonante e increíble caso ocurrido en la noche el 27 de mayo de 2006, cuando dos hombres llegaron a sus oficinas en Mitre casi Tucumán, en Capital, y uno de ellos descerrajó seis disparos: cinco perforaron su cráneo y un sexto lo dañó pero no penetró en su cabeza. Antes de irse, prendieron fuego a todo, pero asombrosamente Naranjo sobrevivió y salió arrastrándose hasta la calle. Se salvó y señaló a sus atacantes, uno de los cuales se suicidó a los pocos días. El otro era el excomisario Alejandro "Pajarraco" Pereira (condenado luego a 17 años), por entonces encargado de la seguridad de la firma "Escobar" que presidía Ángel Eduardo Fornasari. Para Naranjo, no hubo dudas de que Fornasari había mandado a matarlo. Y las sospechas contra el entonces presidente de Escobar llevaron a que estuviera 401 días preso.

Fornasari finalmente fue desligado con un sobreseimiento y no dudó en denunciar por fraude a Naranjo, su ex mano derecha en "Escobar". En febrero de 2009, pidió que lo investigaran por autovenderse una empresa del grupo, "Campo Fértil", por una suma ínfima. Era un emprendimiento para cría, faena y comercialización de cerdos situado en un predio de 71,5 hectáreas en 9 de Julio.

La grave crisis económica del país, en 2001, llevó a que "Escobar" decidiera vender ese emprendimiento al "Grupo Agropecuario", de Buenos Aires, representado por el contador Alberto Gabriel Castro y su hija Jimena Noemí Castro. Lo llamativo fue que el propio Naranjo los presentó como compradores. Según la denuncia, cuando se pactó la compraventa, los Castro permitieron que Naranjo fuera fiscalizador, después le dieron un poder que tenía un límite: no vender los bienes. Pero luego levantaron esa cláusula y Naranjo pasó a "autovenderse" el emprendimiento en 205.000 pesos.

Por ese presunto fraude contra la firma "Escobar", Naranjo y los Castro debían ser enjuiciados. El 8 de septiembre de 2017, un fiscal acusó a los tres y pidió pasar la causa a juicio, algo que un juez decretó en 2019.

Pero un reclamo de la Defensa ante un tribunal de Apelaciones anuló "el auto de elevación a juicio" ordenado por el juez del caso.

Y ante la Corte de Justicia, el defensor de Naranjo, Cayetano Dara, consideró que esa nulidad también alcanzaba a la "requisitoria fiscal". Pero el 7 de agosto pasado, los ministros Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Juan José Victoria entendieron que la pieza acusatoria de Fiscalía nada tiene que ver con el acto del juez que fue anulado, y rechazaron el planteo. Así, dejaron en pie la acusación fiscal concretada el 8 de septiembre de 2017.

Esa fecha es clave, porque la requisitoria de elevación a juicio interrumpe el plazo de prescripción, que en este caso es de 6 años (el máximo de pena para la estafa) y se cumplirán el próximo 8 de septiembre. El nuevo acto que interrumpiría la prescripción sería la citación de las partes a juicio, pero en Tribunales creen que será imposible realizarla, algo que no cayó bien en el entorno de la firma "Escobar", representada por Andrés Noguera, indicaron.

Encima -dijeron- Dara realizó un planteo para reclamar ante el máximo Tribunal del país y la Corte debe decidir si da o no vía libre. Según fuentes judiciales, Dara había pedido al ministro Guillermo De Sanctis no intervenir por una deuda de honorarios de Naranjo a favor de un hijo suyo, y De Sanctis se apartó por ese motivo, pero su decisión habría ocurrido unos 9 meses después del planteo.