La investigación por la muerte de María del Carmen Vila, la mujer de 79 años que falleció en un geriátrico de San Juan, sumó un nuevo capítulo judicial: la Justicia resolvió ampliar por 180 días la investigación penal preparatoria contra los imputados.
El hecho y la investigación del caso
La medida fue solicitada por el fiscal del caso, Roberto Ginsberg, durante una audiencia realizada este miércoles, en la que argumentó la necesidad de más tiempo para avanzar con distintas diligencias pendientes. El pedido fue concedido por el juez Federico Rodríguez sin oposición por parte de las defensas.
“Se trata de producir pruebas testimoniales y avanzar sobre una pericia médica que ya fue presentada, pero que ambas partes han pedido aclaraciones e impugnaciones. Todo eso demandará tiempo”, explicaron fuentes judiciales sobre los motivos de la prórroga. “Se trata de producir pruebas testimoniales y avanzar sobre una pericia médica que ya fue presentada, pero que ambas partes han pedido aclaraciones e impugnaciones. Todo eso demandará tiempo”, explicaron fuentes judiciales sobre los motivos de la prórroga.
La causa apunta contra el médico Adrián Campillay, quien se incorporó recientemente a la investigación, y Fabián Roberto Kleiman, director del geriátrico “Cielo de París”, donde residía la víctima.
El caso se remonta al 19 de diciembre de 2023, cuando Vila falleció tras sufrir una descompensación. Según sostiene la fiscalía, su estado de salud se habría agravado por una atención médica inadecuada.
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la mujer comenzó a presentar síntomas graves el día anterior, como dolores abdominales y dificultades respiratorias. Sin embargo, la asistencia médica se habría demorado y, en lugar de ser trasladada a un centro de mayor complejidad, solo se le practicaron maniobras básicas.
Recién en la tarde del día siguiente llegó una ambulancia del servicio de emergencias, a cargo de Campillay, quien decidió no derivarla a un hospital, pese a su cuadro crítico.
Para la fiscalía, Kleiman, como responsable del geriátrico, también tenía la obligación de disponer un traslado oportuno, algo que no ocurrió.
Por su parte, los imputados rechazan las acusaciones y sostienen que actuaron correctamente dentro de sus responsabilidades profesionales.
Con esta prórroga de seis meses, la investigación buscará esclarecer si existió mala praxis y determinar las responsabilidades penales en un caso que sigue generando conmoción. Mientras tanto, ambos imputados continúan en libertad, aunque con restricciones para salir de la provincia o del país sin autorización judicial.