El imputado, acusado de seis estafas con cheques sin fondos por un monto de 15 millones de pesos, buscará resarcir a los damnificados para evitar la prisión.
En una reciente fallo en Tribunales de San Juan, un hombre, Gabriel Alejandro Balmaceda Rufino, quien se encontraba cumpliendo prisión preventiva por una serie de estafas en la compra de motocicletas, recuperó la libertad. La decisión la tomó un juez de impugnación luego de que su defensa, César Jofré, presentara un recurso de impugnación, argumentando que la detención era una medida excesiva frente a la voluntad del acusado de reparar el daño económico causado.
Balmaceda está procesado por seis hechos de estafa. Según la acusación, el imputado adquiría motocicletas y efectuaba los pagos mediante cheques sin fondos. El monto total de la deuda contraída con los seis damnificados asciende a aproximadamente 15 millones de pesos.
El abogado defensor, César Jofré, fundamentó el pedido de libertad destacando que su cliente no posee antecedentes penales y cuenta con un sólido arraigo laboral y familiar en San Juan. La defensa sostuvo que los hechos se desencadenaron a raíz de "malos negocios" y que, desde el inicio del proceso, Balmaceda demostró la necesidad de llegar a un acuerdo con las víctimas.
Uno de los puntos clave de la defensa fue cuestionar la utilidad de la prisión preventiva. "Yo siempre me hago esta pregunta: si el damnificado prefiere que la persona esté detenida o que le repare el daño", señaló el letrado, enfatizando que existen otras diez medidas alternativas en el código antes de llegar al encierro en el servicio penitenciario.
A pesar de que la Fiscalía se opuso a la solicitud y pidió que se mantuviera la prisión preventiva dictada en primera instancia, el juez Juan Carlos Caballero Vidal hijo adhirió con "buen criterio" a los argumentos de la defensa y aceptó el recurso.
Con esta resolución, Balmaceda quedó en libertad este martes. No obstante, el proceso continúa: la defensa deberá retomar las negociaciones con la fiscalía de investigación para formalizar el plan de reparación integral y cumplir con el compromiso de pago de los 15 millones de pesos adeudados a los seis afectados.