Los agentes penitenciarios fueron arrestados por orden del fiscal Álvaro Garganta, luego de una investigación iniciada tras la denuncia de cuatro internas.
La Policía Federal detuvo en las últimas horas a 15 agentes penitenciarios del Servicio Penitenciario Bonaerense, acusados de haber participado en un episodio de torturas y abusos sexuales contra cuatro mujeres detenidas en la Unidad N°51 de Magdalena.
La investigación comenzó a principios de junio, luego de una denuncia presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El caso quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta, quien avanzó con la investigación a partir de los testimonios de las víctimas y distintas pericias que detectaron lesiones compatibles con los golpes denunciados.
Según la acusación, el episodio se produjo durante la noche del 3 de junio, luego de una pelea registrada dentro de una celda. Un grupo de penitenciarios ingresó al sector y habría utilizado gas lacrimógeno, golpes y otros métodos de violencia para reducir a las detenidas.
Los testimonios de las víctimas describieron una secuencia de golpizas, amenazas y vejaciones sexuales. Los investigadores consideraron que los relatos fueron coincidentes y presentaron elementos suficientes para avanzar con las detenciones.
Entre los arrestados se encuentra Daiana Belén Balmaceda, de 31 años y con rango de alcaide mayor, quien estaba a cargo de Vigilancia y Tratamiento del penal. Para la Fiscalía, la mujer habría tenido un rol central durante el operativo y está acusada de ser coautora de la violación de una de las detenidas y partícipe necesaria en el abuso de otra.
También quedaron involucradas otras siete penitenciarias mujeres, entre ellas la subjefa de la unidad, personal de requisa y agentes del área de Sanidad. Una enfermera fue acusada de haber falseado un acta con el objetivo de ocultar las lesiones sufridas por una de las víctimas.
La investigación sostiene además que varios penitenciarios hombres que participaron de los hechos actuaron con el rostro cubierto.
El fiscal Garganta presentó un requerimiento de 146 páginas para solicitar las detenciones y los allanamientos de los domicilios de los sospechosos. Entre las medidas ordenadas se incluyó el registro de las viviendas de los agentes involucrados.
Las pericias realizadas sobre las víctimas aportaron otro elemento de importancia para la causa. Los especialistas de la Asesoría Pericial detectaron lesiones que, según la investigación, resultan compatibles con las agresiones denunciadas.
Tras la denuncia, el Ministerio de Justicia bonaerense había dispuesto la disponibilidad preventiva de los penitenciarios señalados y removido a las autoridades de la Unidad N°51 para facilitar el avance de la investigación.
Además, Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Bonaerense inició un sumario administrativo.
Uno de los datos más graves incorporados al expediente es que, dos días después de los hechos, una de las detenidas intentó quitarse la vida.
Ahora, con los 15 arrestos y los allanamientos ordenados por la Justicia, la investigación busca determinar el grado de responsabilidad que tuvo cada uno de los agentes en los hechos denunciados y establecer cómo se desarrolló el operativo dentro de la cárcel de Magdalena.
