Rocío Anabel Sánchez fue imputada por presunto peculado tras la denuncia por la desaparición de libros, útiles y juguetes del ENI N° 62 de San Juan.
Rocío Anabel Sánchez ahora trabaja en otra escuela.
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La investigación contra una maestra jardinera de San Juan sumó detalles sobre los elementos que habría sacado de la escuela donde trabajaba para ofrecerlos a la venta por redes sociales. Entre los artículos señalados no solo había libros, útiles y juguetes, sino también un juego de madera para muñecas que había sido donado al establecimiento educativo.
La docente investigada es Rocío Anabel Sánchez, titular de la Escuela de Nivel Inicial Enrique Mosconi (ENI N° 62). Este viernes, el fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales, solicitó que fuera imputada por presunto peculado y pidió un plazo de ocho meses para avanzar con la investigación. La jueza Carolina Parra hizo lugar a ambos planteos.
Según la denuncia, los materiales pertenecían a la institución y habrían sido retirados de la sala de tres años que tenía asignada Sánchez. Entre los objetos bajo sospecha figuran acuarelas, marcadores, crayones, juguetes, artículos de librería y juegos de madera.
Uno de los testimonios incorporados al expediente fue el de una mujer de apellido Santander, propietaria de un emprendimiento de casitas en miniatura. La mujer declaró que había donado al jardín un juego de madera para muñecas y que después reconoció ese mismo elemento entre los productos que la docente habría publicado para vender.
La entonces directora del establecimiento también declaró que había visto las publicaciones en Facebook Marketplace y WhatsApp. Para respaldar su testimonio, aportó imágenes obtenidas de su teléfono celular.
La Fiscalía, además, solicitó informes a las compañías telefónicas Claro y Movistar. De acuerdo con la documentación presentada, la línea vinculada con las publicaciones correspondía a Sánchez. También se incorporó información de Facebook que relacionaría la cuenta utilizada para ofrecer los artículos con ese número.
Las autoridades escolares habrían tomado conocimiento de las publicaciones el 26 de septiembre de 2025. El caso quedó registrado en un expediente del Ministerio de Educación y en actuaciones internas que incluyeron inventarios de los materiales asignados a la sala.
La denuncia formal se presentó el 29 de abril de 2026. Durante la audiencia, la defensora oficial Cecilia Mut, quien intervino en reemplazo de su colega César Oro, no se opuso a la imputación ni al plazo de investigación solicitado por la Fiscalía.
Sánchez se abstuvo de declarar sobre los hechos que se le atribuyen. Según lo expuesto, manifestó que actualmente trabaja en otra escuela.
La investigación deberá establecer cómo desaparecieron los materiales y si la docente tuvo responsabilidad penal en los hechos denunciados. Por el momento, se trata de una imputación y no de una condena.
