José Oscar Muñoz quedó imputado por presunta insolvencia fraudulenta tras la venta de una propiedad por $176 millones y la donación de otro inmueble a sus hijos, operaciones que la Fiscalía considera que pudieron obstaculizar el cobro de una indemnización por la muerte de tres jóvenes en un departamento de Capital.
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La investigación por el presunto intento de evitar el pago de una indemnización derivada de una triple muerte en Capital sumó una nueva resolución judicial. José Oscar Muñoz fue imputado por presunta insolvencia fraudulenta y quedó inhibido de disponer de sus bienes por seis meses, mientras avanza la causa que busca determinar si se desprendió de parte de su patrimonio para dificultar el cobro de una condena civil.
La medida fue dispuesta por el juez Alberto Caballero, quien también le impuso al acusado la obligación de someterse al proceso penal y la prohibición de salir de San Juan sin autorización judicial, ambas por el plazo de seis meses. Además, ordenó mantener su libertad mientras continúa la investigación.
La causa se originó a partir de dos operaciones inmobiliarias realizadas por Muñoz después de haber sido condenado por la muerte de tres jóvenes en una vivienda que alquilaban temporalmente. Para la Fiscalía, esos movimientos patrimoniales podrían haber tenido como objetivo impedir o dificultar el cumplimiento de una indemnización reconocida por la Justicia.
La hipótesis del fiscal Atilio Yanardi y el ayudante fiscal Mauricio Flores, de la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, apunta a dos operaciones concretas. La primera ocurrió el 16 de abril de 2025, cuando Muñoz vendió un inmueble por $176.000.000 a Carlos Sebastián Albano Reinuaba y Lorena Stefania Saladino Mora. Se trata de una propiedad en Avenida Córdoba.
La segunda se realizó el 23 de junio de ese año, cuando Muñoz donó el 50% de su pertenencia a sus hijos de una propiedad ubicada en Esteban Echeverría 460 Norte, en Capital.
Según la acusación, ambas operaciones se concretaron mientras estaba en trámite el reclamo civil por daños y perjuicios. La Fiscalía sostiene que esos movimientos podrían haber reducido o comprometido el patrimonio disponible para responder por la deuda judicial.
El delito atribuido provisoriamente es el de insolvencia fraudulenta, previsto en el artículo 179, segundo párrafo, del Código Penal, en función del artículo 45. La responsabilidad penal por estos hechos deberá establecerse durante el proceso.
El expediente tiene como antecedente la condena dictada el 10 de abril de 2024 contra Muñoz y su esposa Teresa Elizabeth Scalise. Ambos recibieron tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por seis años por el delito de homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas fatales.
El caso se remonta al 12 de agosto de 2023, cuando tres jóvenes fueron encontradas muertas en un departamento ubicado en calle Entre Ríos 339 Norte, en Capital. Las víctimas eran dos mujeres trans y una adolescente de 17 años que habían alquilado temporalmente el inmueble.
La investigación determinó que las muertes se produjeron por intoxicación con monóxido de carbono. El lugar había sido acondicionado como un monoambiente a partir de un garaje y contaba con una cocina, un calefactor y un calefón a gas instalados sin las condiciones de seguridad correspondientes. Además, no tenía las rejillas de ventilación necesarias.
Por esas muertes, Lorena Marta Otárola inició una demanda civil por derecho propio y en representación de los intereses derivados del fallecimiento de su hija menor. La Justicia hizo lugar al reclamo y condenó a la pareja a pagar una indemnización, más los intereses correspondientes.
