El fiscal Guillermo Heredia, a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, se refirió públicamente a la causa que investiga el presunto fraude de la empresa Branka Motors en San Juan y confirmó que la investigación por la supuesta estafa con ventas de motos se encuentra en una etapa inicial, pero con medidas concretas ya en marcha.

En una rueda de prensa realizada en Tribunales, el funcionario judicial explicó que las denuncias comenzaron a recibirse recientemente. “Las primeras denuncias radicadas en la Unidad Fiscal han sido recientes, se está trabajando en el presente legajo y se están tomando las medidas de convicción que entendemos necesarias y pertinentes para avanzar con la investigación e instrucción del caso”, sostuvo Heredia.

El fiscal confirmó además que ya se realizaron allanamientos en el marco de la causa. “Se han realizado una serie de allanamientos y en este momento el legajo está reservado, y la información del mismo modo, a los fines de garantizar el resultado de las medidas que estamos llevando adelante”, explicó, al tiempo que precisó que lo secuestrado fue principalmente documentación.

Más de 100 presuntos damnificados

Heredia remarcó que la Fiscalía se encuentra abocada al análisis de una gran cantidad de información y denuncias. “Estamos en una reserva total del expediente, atento a que ha sido reciente, estamos en análisis de toda la evidencia y las denuncias, intentando sistematizar la cantidad de información que está llegando a la Fiscalía”, indicó.

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Un grupo de suspuestas víctimas se acercó este viernes a Tribunales para interiorizarse en el avance de la causa.

En ese contexto, confirmó la magnitud que podría tener el caso: “Estamos hablando de más de un centenar de damnificados, de presuntos damnificados”. Por ese motivo, desde la UFI se otorgaron turnos para realizar denuncias hasta los primeros días de febrero, ante el volumen de personas que buscan presentarse formalmente. Públicamente, algunas víctimas revelaron que pagaron de contado o en cuotas casi dos millones de pesos y nunca recibieron la moto del plan que habían pagado.

Incluso, el caso salió a la luz a raíz de un hecho policial. Un hombre terminó detenido por querer sacar una moto del local de avenida Rioja y 25 de Mayo, a raíz de que no le entregaban la suya.

Diferencia entre lo civil y lo penal

Consultado sobre las denuncias que algunos clientes realizaron en Defensa del Consumidor o por la vía civil, el fiscal fue contundente: “No tiene ninguna incidencia. Nosotros partimos de una tesis bien antagónica, contraria”. Y aclaró: “Si se formaliza la investigación, no estamos hablando de la existencia de un acto civil válido, sino de una defraudación”.

Heredia explicó que todavía no se tomó una decisión definitiva sobre la calificación del hecho. “Es una resolución que hasta el momento no se ha tomado, porque se está en una etapa todavía de investigación y análisis, a los fines de poder determinar si existe o no delito en los hechos que se están denunciando”, afirmó.

El reclamo de las presuntas víctimas

Este viernes, un grupo de presuntas víctimas se presentó en Tribunales para interiorizarse sobre el avance de la causa. Al respecto, el fiscal señaló: “Se están recepcionando las denuncias, se están tomando distintas evidencias y llevando adelante los elementos de investigación que entendemos correspondientes”.

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En paralelo, se conoció que la empresa Branka Motors confirmó la suspensión de las operaciones de compra y venta en la provincia de San Juan, mientras avanza la investigación judicial.

Finalmente, ante la consulta sobre posibles vínculos de la firma con otras empresas, Heredia fue cauto: “Esa información no la podemos compartir porque es parte de toda la instrucción que se está realizando”.

La causa continúa bajo estricta reserva y con expectativa creciente por parte de los presuntos damnificados, mientras la Fiscalía define si los hechos denunciados configuran un delito penal o un conflicto que deba resolverse por otras vías.