Los hermanos Marcó y Banega Zuvire cerrarán la vía penal tras defraudar a más de 350 personas por una cifra millonaria. La jueza Carolina Parra adelantó que homologará el acuerdo de juicio abreviado y dictará sentencia el martes que viene.
Facundo Banega Zuvire, Jonatan y Alexis Marcó, después de no cumplir con una reparación integral, aceptaron ir a la cárcel por cinco años.
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DIARIO DE CUYO
La megacausa por las estafas cometidas a través de la firma Branka Motors, que vendía motos, pero no las entregaba, ingresó este miércoles en su etapa definitiva en los tribunales de San Juan. En una nueva audiencia fijada ante la jueza de Garantías Carolina Parra, los tres principales implicados —identificados como Facundo Banega Zuvire, Jonatan y Alexis Marcó— optaron por evitar el juicio convencional y aceptaron someterse a un juicio abreviado.
El acuerdo, sellado entre la defensa, representada por el abogado José Tejada, y el Ministerio Público Fiscal, a través del fiscal Guillermo Heredia, establece una condena de cinco años de prisión efectiva para cada uno de los acusados por el delito de estafa por 365 hechos y un perjuicio económico de casi 600 millones de pesos.
En una audiencia extensa, que comenzó a las 14.15 de este miércoles y finalizó sobre las 19 horas, el fiscal Heredia, junto con la ayudante fiscal, Gabriela Blanco, formalizó primero 13 nuevas denuncias que alcanzaron los 365 hechos mencionados e incrementaron el monto del desfalco.
Posteriormente presentó el acuerdo de juicio abreviado al que llegó con la defensa y las pruebas del legajo para desmostrar la megaestafa que habían cometido los tres imputados. En la pantalla de la sala, el Ministerio Público Fiscal mostró el registro de las cuentas bancarias con las que se hacía las operaciones comerciales, los chats entre los denunciantes y los acusados de estafar con la venta de vehículos.
Ante la propuesta de juicio abreviado, entre los abogados de la querella, hubo una mirada dispar. Algunos se opusieron al acuerdo, mientras otros adhirieron a la postura de la fiscalía. Uno de los que se opuso fue el abogado Mario Padilla, que señaló que la condena debía ser la pena máxima establecida en el Código Penal Argentino para este tipo de delitos: seis años de cárcel. Entendiendo que la cantidad de víctimas era grande así como también el perjuicio económico. Pero se enfocó en el "engaño" que hubo por parte de los acusados cuando presentaron la propuesta de devolver el dinero, pero no cumplireron con el pago ni de la primera cuota.
Por último señaló que ni por la vía civil se iba a poder recuperar el dinero a pesar del dictado de la sentencia, por eso, pidió una pena más alta.
Tras escuchar a las partes, la jueza Parra adelantó que iba a homologar el acuerdo de juicio abreviado, pero iba a resolver el martes de la semana que viene, con sala y horario a confirmar.
El escándalo judicial se originó a partir de una maniobra comercial que sedujo a cientos de compradores: la firma ofrecía motos a valores sumamente inferiores a los del mercado local. Sin embargo, detrás de las atractivas ofertas se escondía una operatoria defraudatoria que dejó un perjuicio económico estimado en 573millones de pesos.
El conflicto explotó públicamente entre diciembre y enero pasado, cuando se formalizó la denuncia inicial de Guadalupe Ailén Céspedes, una clienta que había pagado 1.700.000 pesos por una motocicleta que jamás le fue entregada. Con el correr de las semanas, el volumen de afectados creció exponencialmente hasta alcanzar a 352 personas formalizadas en el expediente, una cifra a la que en esta misma jornada se le sumaron otros 13 damnificados.
