La defensa de los hermanos Marcó y de Facundo Banega solicitó un traslado urgente al advertir que sufrían hostigamientos, extorsiones y violencia física por parte de otros internos. El Servicio Penitenciario dispuso el cambio de pabellón.
Los tres principales imputados en la causa por la presunta estafa de Branka Motors fueron trasladados de manera urgente a otro sector del Servicio Penitenciario Provincial luego de denunciar que eran víctimas de amenazas, hostigamientos y agresiones físicas por parte de otros internos en el Penal de Chimbas.
Se trata de Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega, quienes permanecen con prisión preventiva por cinco meses mientras avanza la investigación por la presunta maniobra defraudatoria que dejó 352 damnificados.
El pedido fue presentado por su abogado defensor, José Daniel Tejada, quien solicitó medidas de resguardo al considerar que sus clientes atravesaban una situación de riesgo dentro del establecimiento penitenciario.
Según consta en la presentación realizada por la defensa, los tres imputados se encontraban alojados en el Pabellón N° 2, Sector 1, donde, de acuerdo con la denuncia, sufrían "innumerables amenazas, hostigamientos, humillaciones, extorsiones y violencia física" por parte de otros reclusos.
El letrado sostuvo que esa situación representaba un peligro concreto para la integridad física y psicológica de los detenidos y, por ese motivo, solicitó su traslado al Sector 4, Pabellón 1 del Servicio Penitenciario.
El planteo fue atendido por las autoridades del Penal de Chimbas, que resolvieron reubicar a los tres acusados en otro sector para garantizar su seguridad.
Los hermanos Marcó y Banega volvieron al Servicio Penitenciario luego de que la jueza de garantías, Ana Carolina Parra, revocara el acuerdo de reparación integral que les había permitido recuperar la libertad.
Ese convenio contemplaba el pago de 524 millones de pesos, en cinco cuotas, para resarcir a las 352 personas que se consideran damnificadas por la presunta estafa atribuida a Branka Motors. Sin embargo, el acuerdo quedó sin efecto tras el incumplimiento del primer desembolso comprometido.
Tras la caída del acuerdo, la magistrada ordenó que los tres imputados regresaran a prisión preventiva por el plazo de cinco meses y dispuso que continúe la investigación penal, que se extenderá, al menos, hasta marzo de 2027.
Al fundamentar la medida, la jueza consideró que persistía el riesgo de entorpecimiento de la investigación y valoró tanto los incumplimientos registrados durante el período en que los acusados estuvieron en libertad como los vínculos que mantienen fuera de la provincia.
Fue en ese contexto de detención preventiva que, según denunció la defensa, comenzaron los episodios de violencia dentro del penal, lo que motivó el pedido de protección y el posterior traslado de los tres imputados a otro pabellón del Servicio Penitenciario Provincial.