La audiencia de control de acusación se suspendió por 10 días a pedido de la defensa de uno de los policías de la Motorizada N°2.
De izquierda a derecha: los policías Aballay, Díaz y Paredes. Todos eran compañeros en la Motorizada N°2.
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La causa judicial contra tres policías de San Juan, acusados de agredir severamente a un joven con discapacidad en el departamento Rawson, sufrió una postergación en la instancia decisiva previa al debate oral. La audiencia de control de acusación, en la que el Ministerio Público Fiscal planeaba formalizar el requerimiento de juicio y solicitar penas de prisión efectiva, fue diferida tras un planteo de la defensa de uno de los imputados.
El acto judicial estaba previsto ante la jueza de Garantías Carolina Parra. Sin embargo, antes de que la fiscalía iniciara la exposición de los hechos y la calificación legal, el abogado Reinaldo Bedini, defensor del cabo Diego Antonio Díaz Sanz, solicitó una prórroga, facultada por el Código Procesal Penal, para producir una medida probatoria que la defensa considera clave.
La medida consiste en ampliar un informe técnico de la Policía de San Juan sobre las modulaciones de audio de los equipos de comunicación de la fuerza. Concretamente, la defensa pidió auditar las grabaciones correspondientes a la hora previa al procedimiento policial, es decir, antes de las 19:00.
Según la hipótesis de la defensa de Díaz, en esas frecuencias habría constancia de que la fractura que sufrió la víctima no fue ocasionada por el personal policial, sino por un grupo de vecinos en medio de un supuesto intento de linchamiento. Ante el planteo y en resguardo del derecho de defensa, la magistrada otorgó un plazo de 10 días para que la fuerza remita el peritaje y se reanude el proceso.
El hecho investigado se remonta a agosto de 2024 y ocurrió en el interior del Barrio La Estación, en Rawson. La víctima es un joven mayor de edad con retraso madurativo. Como consecuencia del procedimiento, sufrió una severa fractura en el sector izquierdo de la mandíbula que requirió cirugía y le provocó un período de incapacidad médica de 120 días.
La fiscalía mantiene la acusación contra los tres integrantes de la Motorizada N°2: el cabo Emanuel Paredes, el cabo Diego Antonio Díaz Sanz y el agente Fernando Aballay. Todos están imputados como coautores materiales de los delitos de apremios ilegales, lesiones graves, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica. Esta última figura deriva de la presunta adulteración del acta de aprehensión inicial para justificar el accionar policial.
Pese a las versiones cruzadas que los propios acusados fueron planteando a lo largo del proceso, el fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, de la UFI Delitos Especiales, ratificaron que sostendrán la pretensión punitiva de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo para cada uno de los tres agentes.
