Los abogados del empleado judicial condenado sostienen que la sentencia fue arbitraria y que la prueba fue analizada de manera parcial. Fiscalía rechazó esos planteos y defendió el fallo. Ahora, un juez de Impugnación tiene 30 días para resolver.
La condena contra Juan Cruz Marinelli, el empleado judicial hallado culpable por fraude en perjuicio de la administración pública en una causa vinculada al Registro Inmobiliario de San Juan, quedó bajo revisión. La defensa presentó un recurso de impugnación, mediante el cual busca que la sentencia sea revocada y que el acusado resulte absuelto.
Durante la audiencia ante el juez de impugnación Renato Roca, el defensor oficial de Marinelli, César Oro, cuestionó el fallo al sostener que fue arbitrario y que existió un análisis parcial de la prueba. Además, afirmó que las evidencias incorporadas al expediente no alcanzan para despejar las dudas sobre la responsabilidad penal de su defendido, por lo que solicitó su absolución.
Desde el Ministerio Público Fiscal, a través del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, rechazaron esos planteos. El auxiliar fiscal ratificó la contestación presentada al recurso y defendió la validez de la sentencia dictada en primera instancia. También sostuvo que la prueba producida durante el juicio acredita tanto la existencia del hecho investigado como la responsabilidad de Marinelli en el delito por el que fue condenado.
La decisión quedó ahora en manos del juez de Impugnación, quien tendrá un plazo de 30 días para resolver si confirma la condena o hace lugar al planteo de la defensa. La impugnación es un recurso previsto por la ley que permite revisar una sentencia cuando una de las partes considera que hubo errores en su dictado.
Marinelli, que es hijo de un reconocido funcionario de Tribunales, fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional, lo que significa que no debe cumplir la pena en la cárcel siempre que respete las reglas de conducta impuestas por la Justicia. Además, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá desempeñarse nuevamente en la administración estatal.
La investigación determinó que el empleado judicial habría aprovechado sus funciones en el Registro Inmobiliario para cobrar en efectivo trámites relacionados con el denominado Formulario Verde, pese a que ese organismo solo admite pagos por medios electrónicos. La maniobra salió a la luz luego de la denuncia de una usuaria y se fortaleció con el secuestro de documentación durante un allanamiento, elementos que fueron considerados pruebas relevantes durante el juicio.
