Luego de que responsables de la empresa Garder fueran denunciados por la Obra Social Provincia (OSP) por fraude y la presunta falsificación de documentos en hecho ligados a la prestación de servicios para internación domiciliaria, ahora encararon un contraataque. El abogado de la compañía inició los trámites de una demanda en la Justicia Civil contra la institución del Estado por la supuesta falta de pago de prestaciones médicas desde julio del año pasado hasta la fecha. El tema es que, en octubre de 2022, además de la denuncia, la OSP sacó a la firma de su padrón de prestadores. Por eso, gran parte del período que reclama Garder tiene que ver con su exclusión, por lo que también planteó un incumplimiento de contrato. Así, solicitó una indemnización de 80 millones de pesos. El paso siguiente en ese juicio es que los representantes legales de ambas partes se vean las caras en una audiencia de mediación para llegar a un acuerdo, aunque todo indica que la provincia no accederá a pagar nada, por lo menos, en esa instancia.

¿Es una maniobra para "embarrar la cancha" o desviar la atención, teniendo en cuenta que directivos de Garder ya son investigados por la Justicia Penal? ¿O, en realidad, hay elementos para una embestida fuerte contra la OSP? Se verá a medida que avance el proceso con la presentación de pruebas.

La estocada inicial la dio la obra social el 18 de octubre del año pasado, cuando denunció a responsables de la empresa en la Unidad Fiscal Delitos Especiales debido a que se pagaron servicios a personas fallecidas, se abonaron prestaciones que no se efectuaron y otras que no se llevaron a cabo bajo el convenio previsto. No fue lo único, ya que Miguel Greco, titular de la OSP, sacó a Garder del padrón de prestadores. En agosto de este año, Fiscalía formalizó la acusación contra tres directivos de la compañía y, unos días después, Miguel Greco, titular de la OSP, radicó una nueva denuncia por la presunta falsificación de documentación de una clínica privada para, aparentemente, hacer pasar que se efectuó una intervención para una internación domiciliaria cuando, en realidad, nunca ocurrió (ver recuadro).

El caso cobró aún más notoriedad cuando asumió la defensa de Garder el mediático abogado porteño Fernando Burlando, quien le dijo a este medio que no veía un perjuicio contra el Estado y que, si lo hubiese, se trataría de "errores involuntarios" y que la compañía "está dispuesta a devolver el dinero, con creces".

La pata local de la empresa es el abogado Gabriel Silva, quien presentó la demanda a principios de este mes, aunque la movida trascendió ayer. El reclamo recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo, a cargo de Adriana Tettamanti, y, según trascendió de fuentes calificadas, apunta a la falta de pagos por distintos expedientes por facturas que van desde julio de 2022 a octubre de este año por prácticas de internación domiciliaria, sumado a servicios de alimentación enteral en los mismos períodos. En ese marco, planteó un incumplimiento contractual y, por actualización e intereses, exigió un monto de 80 millones de pesos. En ese marco, gran parte del período exigido tiene que ver con la exclusión de la compañía del padrón de prestadores de la OSP.

En el ámbito Civil, tras el planteo inicial de la demanda, se debe llevar adelante una mediación previa obligatoria, en la que los representantes legales de Garder y el Estado se reunirán para ver si llegan a un acuerdo. Todo indica que tal instancia fracasará. Por lo tanto, desde la empresa deben entablar formalmente la demanda y, luego, la OSP debe contestarla. Ambos deben presentar prueba y, tras esos pasos, la magistrada deberá entrar a resolver el expediente para dictar sentencia. Será la primera, ya que cualquiera de las partes puede acudir a la Cámara y a la Corte.

Postura
El mediático abogado Fernando Burlando también está en la defensa de la empresa Garder. En declaraciones a este medio, se mostró dispuesto a “armonizar y convenir esta situación para que llegue a un buen fin y, si no, a jugar la guerra que sea.”

Casos
La auditoría de la OSP detectó irregularidades diferentes en, al menos, 25 casos. Entre ellos, se destaca el pago de servicios a personas fallecidas, hubo prestaciones pagadas y no efectuadas; otras se informaron como realizadas, pero que no existieron.

• Imputados, en la mira de la Justicia

Las propietarias de Garder, Marilina Elisa De la Fuente y su hija María Florencia Molina, y el director médico Eduardo Adrián Guzmán quedaron imputados como presuntos autores del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. La acusación se produjo en agosto de este año, luego de que el fiscal Francisco Pizarro y el ayudante fiscal Mariano Carrera (UFI Delitos Especiales) le pidieran al juez de Garantías Diego Sanz la apertura de la investigación penal preparatoria, la cual fue concedida por un año. La audiencia se dio luego de 10 meses de una investigación previa, tras la denuncia que había efectuado el titular de la OSP, Miguel Greco. En agosto, el funcionario volvió a presentar otra denuncia contra Garder, ligada a la presunta falsificación de documentos de una clínica privada con el fin de hacerle creer a la OSP que se efectuó una intervención para una internación domiciliaria cuando nunca ocurrió.