Se veía venir y parece que se va a cumplir. La fiscal Claudia Salica le pidió ayer a Juan Pablo Ortega, a cargo del Primer Juzgado en lo Correccional, indagar al juez del Segundo de Instrucción, Pablo Flores, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ocurre en el marco de la investigación que ya tiene en la mira, entre otros, al comisario Gustavo Padilla, quien reconoció que usó para ir y venir de su casa una camioneta en situación judicial que le cedió irregularmente Flores. La representante del Ministerio Público cree además que Flores paralizó la investigación que contenía la camioneta y que no pasó las actuaciones al fuero Federal, cuando había elementos para hacerlo. La pelota quedó ahora en la cancha de Ortega, quien debe decidir si pide o no que le quiten los fueros a Flores.

Como adelantó este diario, el caso se origina en agosto de 2017 cuando Eduardo Vicente Gómez denuncia en la Seccional Segunda el robo de un Fiat Siena. Como es costumbre, miembros de la Policía de San Juan le solicitaron a Flores órdenes de allanamiento para dar con el vehículo robado. En dos allanamientos que hicieron no encontraron el Siena, pero secuestraron otros siete vehículos con papeles apócrifos o con los números de chasis con evidencia de haber sido adulterados. En ese secuestro aparece la Toyota Hilux que el comisario Padilla, hasta hace poco a cargo del Depósito Judicial de 9 de Julio, terminaría usando para ir a su casa y al río con amigos, según él mismo aseguró en la indagatoria frente a Ortega.

Tanto en la Justicia como en la Policía llamó la atención la inacción de Flores en una causa en la que había pruebas como para avanzar, coinciden las fuentes. Y es lo que termina usando Salica para pedir la indagatoria. Varios de los vehículos secuestrados en el allanamiento de 2017 tenían pedido de captura de otras jurisdicciones y el juez jamás informó a esos jueces, como usualmente ocurre. Tampoco ordenó pericias sobre los vehículos, cuando ya tenía en su poder los informes policiales que daban cuenta de visibles adulteraciones en los chasis y en la documentación. La Toyota Hilux, por ejemplo, tenía los números del motor que no coincidían con los de fábrica, las últimas cifras del chasis destruidas, le habían quitado un faja de seguridad que sostiene los números del chasis, y los remaches de esa faja no eran los oficiales.

Los allanamientos se hicieron en Capital y Santa Lucía. En el primero quedó detenido un hombre de apellido Castro. Y en el segundo, otro de apellido Yañez. Según fuentes judiciales, Flores jamás indagó a ninguno de los dos ni a ninguna otra persona y uno de los aprehendidos -Castro- termina falleciendo en medio de la instrucción de la causa, es decir, mientras Flores tuvo el expediente en su poder.

La fiscal, según relatan altas fuentes de Tribunales, cree que Flores debió inhibirse porque los presuntos delitos a los que enfrentaba son de competencia federal, como la falsificación y utilización de documentación falsa destinada a acreditar la titularidad de un automotor. Flores no lo hizo y, además, le entregó la camioneta a Padilla como depositario judicial cuando es la Corte de Justicia el único organismo que puede hacerlo y sólo a instituciones, no a personas, según el Código de Procedimiento Penal sanjuanino.

Si Ortega decide que efectivamente hay elementos como para indagar a Flores, debe disparar el procedimiento para quitarle los fueros, ya que en San Juan los jueces gozan de inmunidad para ser indagados, detenidos, juzgados y condenados. Si lo cree conveniente, Ortega debe comunicar la situación al Jurado de Enjuiciamiento, que se conforma con un miembro de la Corte de Justicia, dos diputados y dos abogados. El Jurado le dará cinco días a Flores para que responda la acusación. Si el Jurado, tras analizar la respuesta del juez, decide que hay elementos suficientes como para continuar la investigación, le dará admisión al Jury y le informará al Fiscal Gerenal de la Corte, quien podrá formular la acusación y volver a pedirle a Flores que se defienda. El Jurado de Enjuiciamiento también puede decidir que no hay elementos para someter a proceso al magistrado y, en consecuencia, rechazar el pedido de Ortega. Si el Fiscal General también avanza, la suerte de Flores quedará en los cinco miembros del Jurado de Enjuiciamiento.

En Tribuales deban por descartado que Ortega avanzaría con el proceso, pero esperaban el trabajo del magistrado para dar seguridad. Al conocerse ayer esta novedad, este diario intentó comunicarse con el magistrado, pero fue sin suerte.

Último detenido

La Policía detuvo este martes al policía José Luis Montiveros, otro policía vinculado al caso. Según fuentes de la investigación, sospechan que Montiveros era quien entregaba información al comisario Gustavo Padilla respecto de los vehículos con inconvenientes que llegaban a la planta verificadora del departamento Pocito.

El Jurado

En caso de que el titular del primer Juzgado en lo Correccional, Juan Pablo Ortega, decidiera avanzar con la indagatoria, debe pedir el desafuero al Jurado de Enjuiciamiento, que está integrado por Guillermo De Sanctis (Corte de Justicia), Guillermo Medawar y Miguel Dávila Saffe (Foro de Abogados) y Pablo García Nieto y Amanda Díaz (diputados provinciales).