El intendente de Rawson, Rubén García, vetó una ordenanza del Concejo Deliberante que avalaba el ascenso del personal de planta permanente y disponía de nuevas recategorizaciones. Este último punto es el más conflictivo, ya que, según el decreto que rechazó la normativa por irregular, se remarca que el legislativo se atribuyó facultades que no están bajo su órbita, sino del Ejecutivo, sumado a que los pedidos de los trabajadores fueron denegados por la Intendencia porque no cumplían los requisitos. El concejal giojista Fabián Olguín dijo que son unos 10 empleados, aunque en la comuna indicaron que son más, mientras que García no contestó los llamados de este medio. A su vez, su sucesor, Carlos Munisaga, respaldó su decisión porque "son definiciones que tiene que tomar el próximo Gobierno y que, por ley, están prohibidas en esta etapa de recambio porque representan una suba del gasto".

El vínculo de García con el Concejo, integrado por ocho giojistas y cuatro miembros del Pro, se rompió hace tiempo, al punto de que hubo una interpelación y denuncias al jefe comunal. En ese marco, las autoridades municipales encararon con el gremio SUOEM la recategorización del personal que se encontraba en la categoría más baja (la J), pero que cumplía tareas de un escalafón superior, como la I, la H y la G. El año pasado, se informó que 386 empleados estaban en condiciones de ascender (mayoritariamente a la I y a la H), aunque el tema se trabó por la disputa que también tuvo el intendente con el sindicato municipal. Al punto de que acudieron a la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, en la que se homologó un acuerdo.

Así, la comuna llevó adelante las promociones y el cobro del nuevo salario por categoría se estableció en porcentajes durante tres años, desde 2022 a 2024. En la sesión del 11 de agosto del Concejo, Olguín, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que trataron el tema de las recategorizaciones, luego de la disputa entre el gremio y el Ejecutivo, dado que ambos habían presentado un listado con trabajadores en condiciones de ascender. En ese marco, indicó que en las nóminas había coincidencias de empleados y fue lo que terminaron avalando, además de que reconoció que encontraron personal que cumplía con los requisitos y que aprobaron su promoción. Así, contabilizó unos 10. Para tomar esas decisiones, los ediles destacaron en la ordenanza que intervinieron en el "proceso de normalización de los empleados municipales" debido a la facultad delegada "por la Subsecretaría de Trabajo".

Sin embargo, el intendente vetó la normativa porque señaló en el decreto que el organismo "no delegó ninguna facultad" porque "nadie se lo requirió" y porque no es competente para quitar facultades y delegarlas. Así, destacó que sólo se limitó a homologar un acuerdo entre el Ejecutivo y el SUOEM. Por eso, destacó que el vínculo laboral de los empleados con el municipio es una competencia exclusiva de este último. De esa manera, calificó la ordenanza de "ilegal". Además, cuestionó que el Legislativo aprobara las promociones de personal que habían sido rechazadas por la Intendencia, dado que no tiene el poder para revisar actos administrativos, sumado a que la incorporación de ascensos, en esta etapa, infringe la llamada ley de fin de mandato, la que prohíbe el aumento del gasto corriente (como sueldos) en los últimos nueve meses de gestión. Violar la normativa provincial implicaría incurrir en un delito, advirtió el jefe comunal.