La Justicia declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei que había condicionado la ejecución de la norma y ordenó al Ejecutivo garantizar su cumplimiento inmediato.
Javier Milei con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
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El Gobierno confirmó este martes que apelará el fallo judicial que declaró inconstitucional el decreto de Javier Milei que frenaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada por el juez federal Martín Cormick, quien ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar la norma que contempla fondos para salarios, becas, investigación y funcionamiento de las universidades nacionales.
La decisión se conoció luego de que el magistrado, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, hiciera lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Cormick invalidó la cláusula del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la ley a que se definieran previamente los recursos presupuestarios. Además, ordenó al Gobierno dictar las normas reglamentarias necesarias para garantizar el “cumplimiento inmediato” de la legislación.
En los fundamentos de su resolución, el magistrado consideró que el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo era “extraconstitucional”, ya que permitía bloquear la aplicación de una ley que había sido aprobada nuevamente por ambas cámaras del Congreso después del veto presidencial.
Cormick señaló que la propia Ley de Financiamiento Universitario establece mecanismos para obtener los recursos necesarios. Entre ellos, contempla la adecuación de partidas presupuestarias y el uso de ingresos corrientes que superen lo previsto, sin afectar los fondos correspondientes a las provincias por coparticipación.
La norma había sido sancionada en agosto de 2025, impulsada por bloques opositores. Después de que Milei la vetara, Diputados y el Senado reunieron los votos necesarios para insistir con el proyecto. En octubre de ese año, el Ejecutivo terminó promulgándolo mediante el decreto 759/2025, aunque condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto.
Sobre el impacto fiscal, el juez citó una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según la cual el costo de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI.
El nuevo fallo se suma a una disputa judicial que comenzó meses atrás. En diciembre de 2025, Cormick había dictado una medida cautelar que ordenó aplicar de inmediato los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la recomposición de los salarios docentes y no docentes y la actualización de las becas estudiantiles.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida y, el 25 de junio, la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario presentado por el Estado. De esta manera, la cautelar quedó firme mientras se resolvía la cuestión de fondo.
El Gobierno sostiene que avanzó en el cumplimiento de esa medida. El 10 de junio firmó con el CIN y los gremios universitarios un acta que contemplaba una recomposición de la masa salarial del 24,33% y una actualización del 20% para los gastos de funcionamiento.
Sin embargo, Cormick rechazó el pedido para levantar la cautelar y, el 1 de septiembre, consideró que el Estado no había demostrado una solución definitiva para el deterioro de los salarios universitarios.
La negociación volvió a fracasar el 17 de septiembre, cuando el Ejecutivo mantuvo una propuesta adicional del 3% y anticipó que la aplicaría incluso sin acuerdo. Los gremios rechazaron la oferta y continúan reclamando una recomposición mayor.
Dos semanas atrás, el juez sostuvo que “no existe cumplimiento total” de la medida y otorgó cinco días al Gobierno para acatarla, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora.
El Ejecutivo pidió revocar esa intimación y argumentó que los aumentos acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaban el 226,8%, por encima del 226,46% de inflación registrado durante el período que tomó como referencia. Cormick cuestionó ese cálculo y sostuvo que no estaba acreditada la actualización salarial en los términos establecidos por la ley.
El magistrado también rechazó la interpretación oficial sobre las becas, que limitaba su alcance al programa Manuel Belgrano, cuyo monto mensual fue llevado este año a $187.495.
El 30 de septiembre, Cormick volvió a otorgarle cinco días al Gobierno y reconoció solamente un cumplimiento parcial de la medida cautelar.
Mientras continúa la disputa judicial, el financiamiento de las universidades nacionales también genera tensión en el Congreso. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla $7,349 mil millones para funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.
El CIN considera insuficiente esa cifra y reclamó un presupuesto cercano a los $11 mil millones.
En paralelo, las universidades y los gremios mantienen las medidas de fuerza y ratificaron la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria del 15 de octubre, en medio del conflicto por los salarios, el presupuesto y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
