Tras recibir una amplia aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa de fortalecimiento del sistema de discapacidad inicia su tratamiento en la Cámara alta. El oficialismo confía en repetir la contundente mayoría y lograr la sanción definitiva antes de fin de mes.
Patricia Bullrich.
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Luego de obtener una holgada media sanción en la Cámara de Diputados tras sumar el respaldo del peronismo y de los bloques opositores dialoguistas, el proyecto de "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad" ya formalizó su ingreso al Senado. En ese escenario, la titular de la bancada oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa un tratamiento acelerado con la intención de convertir la propuesta en ley durante el mes de noviembre.
El texto legislativo consolida casi la totalidad de los derechos estipulados en la norma de Emergencia en Discapacidad —cuyo vencimiento estaba previsto para fin de año—, pero le otorga un carácter permanente y de orden público. Entre sus puntos nodales, contempla la compatibilidad entre las pensiones no contributivas y el empleo registrado (hasta un tope de dos salarios mínimos), el mantenimiento del nomenclador único, la actualización mensual de los aranceles atada a la inflación y la garantía de cobertura médica mediante el Plan Federal Incluir Salud. Además, establece que la partida presupuestaria del sector no podrá sufrir recortes en términos reales respecto al ejercicio previo e incorpora auditorías cruzadas entre organismos oficiales.
El avance de la iniciativa deja tras de sí intensas discusiones internas dentro del propio Poder Ejecutivo. Mientras los sectores del área económica objetaron el impacto fiscal que demanda la medida y propiciaron en su momento recortes mediante el proyecto de Presupuesto, el ala política y parlamentaria del oficialismo encabezó las negociaciones para evitar un costo social y político mayor. Diputadas del propio espacio impulsaron los consensos internos para reorientar el articulado y sortear las resistencias de la conducción económica.
En la Cámara de Diputados, la redacción final sumó modificaciones clave promovidas por la oposición dialoguista, entre las que destaca un esquema para saldar deudas pendientes con los prestadores de servicios en un plazo de 30 días tras la reglamentación. El resultado en el recinto fue determinante: 237 votos afirmativos frente a escasos rechazos y abstenciones, construyendo un respaldo de más de dos tercios que clausura los márgenes para un eventual veto presidencial.
Con el expediente ya en el recinto del Senado, el oficialismo alista a sus principales espadas legislativas para liderar el debate en comisiones. Tras la contundente votación en la Cámara baja y los acuerdos alcanzados con las distintas bancadas, en la Cámara alta prevén un trámite ágil que podría desembocar en un consenso amplio, e incluso unánime, para transformar la iniciativa en ley antes de que concluya el mes.
