El Senado aprobó el Régimen Penal Juvenil y fijó en 14 años la edad de imputabilidad. La norma crea un sistema especializado para adolescentes y generó fuertes críticas de la oposición por su financiamiento.
Sesión en el Senado durante el debate del Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad.
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El Senado convirtió en ley el Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en la Argentina. La norma obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, y ahora aguarda su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial. En el lote de los positivos figuró el sanjuanino Bruno Olivera. En el bando contrario, estuvieron el exgobernador Sergio Uñac y la camporista Celeste Giménez.
La iniciativa, impulsada durante la gestión de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, ya había recibido media sanción en Diputados y terminó de convertirse en ley tras un debate cargado de cruces políticos y cuestionamientos por su constitucionalidad y financiamiento.
El nuevo Régimen Penal Juvenil crea un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con procedimientos diferenciados respecto del régimen de adultos. Establece la presunción favorable a la minoría de edad y prohíbe que los menores compartan ámbitos judiciales o penitenciarios con mayores.
Además, incorpora principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad de la privación de libertad. La norma prioriza medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, dejando la prisión como último recurso para delitos graves.
Desde el oficialismo celebraron la aprobación como un paso hacia “poner orden”. Bullrich sostuvo que el Estado “no puede seguir mirando para otro lado” y defendió que el delito tenga consecuencias, sin importar la edad del autor.
La vicepresidenta Victoria Villarruel pidió un minuto de silencio por las víctimas, gesto que fue acompañado por todos los bloques tras un breve intercambio en el recinto.
El peronismo rechazó la iniciativa desde el inicio. Legisladores como Jorge Capitanich advirtieron que el presupuesto asignado —$23.700 millones para las provincias— resulta insuficiente para implementar el nuevo sistema.
Según datos oficiales mencionados en el debate, el costo del metro cuadrado en el Servicio Penitenciario Federal ronda los 3,2 millones de pesos. Con los fondos previstos, se podrían construir unos 7.400 metros cuadrados, lo que dividido entre los 24 distritos deja una cifra reducida para cada provincia.
También cuestionaron la constitucionalidad del proyecto. Martín Soria afirmó que el texto “contiene errores graves y peligrosos” y que no resolverá los problemas de inseguridad que busca atacar.
En la misma línea se expresó Lucía Corpacci, quien sostuvo que la ley “no es la solución” y pidió actuar con racionalidad y humanidad.
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La ley dispone que los adolescentes cuenten con garantías judiciales desde el inicio del proceso y que las causas sean tramitadas por órganos y centros especializados. También se prevé la intervención de equipos interdisciplinarios en casos de salud mental o consumo problemático.
El sistema contempla un esquema progresivo de sanciones y la figura de un supervisor judicial especializado para acompañar la reinserción. La libertad condicional requerirá aval del Ministerio Público Fiscal y el cumplimiento de condiciones estrictas.
En casos de menores inimputables, la intervención será bajo la órbita de la justicia civil, con medidas protectoras o curativas. Además, se establece la capacitación obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.