Guillermo Baigorrí, con DIARIO DE CUYO: el bisturí en la Fiscalía con cambios de coordinadores; el OK a la Oficina de Comunicación; y la vinculación con Seguridad
El fiscal General de la Corte avanzó con una reestructuración interna del Ministerio Público: disolvió áreas, redistribuyó fiscales y ayudantes, reforzó Flagrancia y puso en marcha un manual de persecución penal para unificar criterios y reducir la discrecionalidad. En diálogo con este medio dio su visión de la relación con los medios y del reemplazo de la defensora General.
El fiscal General Guillermo Baigorrí. Foto: Daniel Arias.-
A poco más de tres meses de haber asumido como fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí comenzó a imprimirle su sello al Ministerio Público con una profunda reorganización interna. Hubo movimientos de personal, disolución de unidades, refuerzo de áreas clave y cambios de coordinadores que forman parte de una estrategia que busca optimizar el funcionamiento del sistema acusatorio. A eso se suman medidas de seguridad para fiscales, la elaboración de un manual de persecución penal para unificar criterios y un giro en la comunicación institucional.
En entrevista con DIARIO DE CUYO, el jefe de los fiscales dijo que "los cambios no responden a cuestiones políticas, sino a necesidades operativas del funcionamiento interno" y que "en algunos casos era necesario oxigenar las unidades fiscales con nuevas improntas de trabajo". Baigorrí subrayó la intención de profesionalizar la comunicación institucional y fomentar una mayor transparencia para reimpulsar el "pacto tácito" entre la sociedad sanjuanina y la Justicia.
—Fiscal, ya arrancó su gestión y se han visto varios cambios en la estructura interna del Ministerio Público. ¿A qué responden esas modificaciones, sobre todo en los movimientos de nombres propios entre oficinas?
—En primer lugar, casi todos los cambios que promovimos y las medidas que tomamos responden a la planificación originaria o a necesidades que fueron surgiendo al inicio de la gestión, a partir del análisis de la situación de cada una de las UFIs. En este tiempo generamos muchos movimientos de personal, aunque no tantos como parece. Obedecen a dos o tres decisiones centrales.
Cuando hicimos un primer relevamiento, advertimos que en algunas unidades fiscales pedían administrativos y tenían personas con profesiones que no estaban siendo utilizadas. En otras se necesitaba un psicólogo, en otras más abogados, contadores o ingenieros, según la temática que se trataba. Entonces hicimos lo que haría cualquiera: redistribuir los recursos humanos para cubrir las primeras necesidades de cada unidad fiscal.
En segundo lugar, la demanda generalizada tenía que ver con ayudantes fiscales. Nosotros teníamos una unidad llamada USA, Unidad de Soluciones Alternativas, que era muy buena y tenía como espíritu aplicar soluciones alternativas derivadas de las UFIs. Pero entendimos que ese esquema resultaba burocrático y engorroso. Decidimos desarmar esa unidad y asignar al fiscal coordinador y a los ayudantes fiscales a otras dependencias. Así, todos esos ayudantes pasaron a fortalecer las demás unidades fiscales y, como tenían experiencia en soluciones alternativas, hoy aportan directamente en cada UFI sin necesidad de derivar legajos.
También creímos necesario oxigenar algunas unidades fiscales, donde había cuestiones para pulir y mejorar. Por eso hicimos una rotación de coordinadores: el que estaba en Delitos Especiales pasó a Flagrancia, que tenía algunos problemas de funcionamiento; el de Flagrancia pasó a CAVIC y el de CAVIC a Delitos Especiales. Fueron cambios básicamente operativos.
—En el caso de Flagrancia, mencionó que había problemas de funcionamiento. ¿Tiene que ver con el desgaste de permanecer mucho tiempo al mando de una UFI?
—A veces es necesario oxigenar. El cambio de personas trae nuevas ideas y maneras de trabajar. Se hace lo mismo, pero con otra impronta, y creímos que eso podía mejorar lo que estaba pasando.
—Entonces, ¿no responden a lecturas políticas, como se sugirió en algunos medios?
—No, no tiene nada que ver. Adrián Rivero, por ejemplo, era coordinador de la USA y fue asignado a Genérica tras el desarme de esa unidad. Había que asignarlo a algún lugar.
También estaba la llamada Unidad Conclusiva, vinculada a los casos residuales del sistema mixto anterior, que cada vez son menos. Allí estaba la doctora Galante, pero necesitábamos fortalecer Flagrancia. Esa unidad conclusiva quedó con personal administrativo y bajo la supervisión de las fiscales Carena y Marinero, de Penal Juvenil, que manejan el código viejo. La doctora Galante pasó a Flagrancia, que necesitaba refuerzo.
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Baigorrí en la oficina del Ministerio Público en Tribunales.-
—¿Tiene previsto nuevos cambios importantes en los próximos meses?
—No hay nada planificado de antemano. Estas cuestiones surgen según el funcionamiento y las necesidades de cada unidad. Por ejemplo, en Estafa y Ciberdelito puede aparecer un caso voluminoso que demande ingenieros agrimensores, especialistas en planos o catastro. Son causas complejas que requieren recursos específicos. Es parte de las reglas del juego.
—En su diagnóstico aparece reiteradamente la falta de personal. ¿Está hablado con la Corte?
—Sí, es indudable que hace falta mayor diálogo. La fiscalía se dotó de mucha gente hace dos o tres años, cuando se implementó plenamente el sistema acusatorio, pero desde entonces el personal es el mismo. La demanda de justicia creció, hay más investigación, más causas en trámite y un sistema mucho más dinámico. Hoy damos respuesta al doble o triple de las demandas sociales y los procesos son mucho más rápidos. No digo que necesitemos cien personas más, pero sí hacen falta fiscales y ayudantes fiscales.
—¿Hay un promedio de tiempo de resolución de causas?
—Depende mucho del delito y de la unidad fiscal. Hay causas que se resuelven en 72 horas y otras que duran más por su complejidad. Lo que sí puedo decir es que el sistema acusatorio mejoró mucho el servicio de justicia: hay más respuestas y en menos tiempo. Hoy muchos procesos se resuelven en menos de un año, cuando antes duraban dos o tres.
—Se comunicó el uso de chalecos antibalas para fiscales. ¿También alcanza a ayudantes fiscales? ¿Y cómo es el vínculo con la Secretaría de Seguridad?
—Los chalecos son para fiscales y ayudantes fiscales, que son quienes van al lugar del hecho. Muchas veces llegan a situaciones de riesgo, barrios conflictivos o escenas violentas. La policía va con chaleco y no podía ser que los fiscales no. Son el funcionario judicial más expuesto del sistema acusatorio. No se usarán en todos los casos, porque son incómodos, pero sí cuando hay riesgo.
En cuanto al vínculo con la Secretaría de Seguridad, tenemos una comunidad de intereses. La fiscalía garantiza la acción penal y el acceso a la investigación, lo que exige un contacto permanente con la policía y las fuerzas de seguridad. Además, soy superior jerárquico de las brigadas asignadas a las unidades fiscales. Trabajamos juntos y aceitamos esa relación de manera constante.
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—Se lo ha visto realizar conferencias fuera de Tribunales. ¿Forma parte de un plan de acercar la Fiscalía a la sociedad?
—Sí, también tiene que ver con una impronta personal. Ni mejor ni peor que otras, distinta. Queremos que se perciba que la fiscalía trabaja para la gente, y de hecho lo hace. Recorro unidades fiscales, viajo a Jáchal, Iglesia, a la segunda circunscripción, mantengo contacto permanente con los fiscales.
En ese marco impulsamos el manual de persecución penal. Lo lanzamos en diciembre con una comisión integrada por fuerzas de seguridad, la Secretaría de Seguridad y legisladores. Tiene diez capítulos y ya comenzamos a trabajarlo.
—¿Cuál es la idea central de ese manual?
—Fijar pautas generales de actuación. No instrucciones para casos concretos, sino criterios comunes: cómo debe ser el primer abordaje del hecho, qué medidas tomar, qué pruebas recabar, cómo evitar la contaminación de la escena, cuándo aplicar soluciones alternativas.
Eso da previsibilidad, seguridad, reduce la arbitrariedad y genera confianza. Mi objetivo es recuperar un pacto tácito con la sociedad, que confíe en que si la fiscalía hace algo es porque corresponde hacerlo.
—En comunicación institucional, ¿qué cambios se vienen?
—Estamos poniendo en funcionamiento una Oficina de Comunicación para profesionalizar el área. Por ley tengo obligación de comunicar los casos trascendentes, sobre todo de corrupción o conmoción pública, y además considero que debemos informar más allá de lo obligatorio.
El grupo de WhatsApp se había suspendido hasta armar esta oficina, pero por cuestiones operativas se reactivó con pautas mínimas. Ahora habrá un manejo más profesional. Tengo en mente a la encargada, todavía no está designada. (Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO DE CUYO que la profesional en comunicación social, exjefa de prensa de la Secretaría de Seguridad, Sofía Correa Martí es la designada).
—Por último, la sucesión en la Defensoría Oficial: la defensora General inició su trámite jubilatorio. ¿Lo tiene previsto?
—La doctora (Mónica) Sefair inició su trámite, pero no depende de ella cuándo sale. Cuando ocurra, tiene seis meses por ley para acogerse al beneficio. No es algo inmediato. Conozco a los defensores, sus antecedentes y experiencia, y hay personas muy destacadas que podrían ocupar el cargo, pero mientras tanto seguimos como estamos.
