La Argentina dio dos semanas a Londres para frenar las actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte y anunció un arbitraje internacional. También habrá sanciones por sobrevuelos entre Punta Arenas y las islas.
Javier Milei.-
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El Gobierno argentino intimó formalmente al Reino Unido para que, en un plazo de dos semanas, adopte las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos vinculadas al proyecto Sea Lion, en las Islas Malvinas. La decisión fue acompañada por el anuncio de un procedimiento de arbitraje internacional.
El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado para iniciar el mecanismo previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). El objetivo planteado por el Ejecutivo es frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y cuestionar el otorgamiento de nuevos permisos sobre recursos de la Plataforma Continental Argentina.
Según informó el Gobierno, si el Reino Unido no cumple con la intimación, la Argentina solicitará medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para preservar los derechos que sostiene sobre la plataforma continental. El Ejecutivo argumentó que la explotación unilateral de los recursos genera un perjuicio que considera irreversible e irreparable.
En el comunicado oficial, el Gobierno reiteró su rechazo a la posición británica sobre las islas y sostuvo que la denominación de las Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” y el referéndum realizado en 2013 no modifican, según la posición argentina, la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
El Ejecutivo volvió a citar la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU, que reconoció la existencia de una disputa entre la Argentina y el Reino Unido e instó a ambos países a negociar una solución pacífica. También mencionó la Resolución 31/49, que llama a las partes a abstenerse de adoptar decisiones que impliquen modificaciones unilaterales de la situación mientras continúa el proceso de negociación.
La posición del Gobierno sobre la explotación hidrocarburífera ya había sido planteada durante septiembre. En un decreto publicado este mes, el Ejecutivo estableció medidas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos circundantes a Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y las vinculó con la disputa de soberanía.
Tras conocerse la decisión, Milei publicó en sus redes sociales: “Las Malvinas son argentinas y se defienden con hechos, no palabras”. La postura del Presidente también había sido expresada días atrás ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde pidió al Reino Unido retomar las negociaciones sobre la soberanía.
En paralelo, el Gobierno informó que detectó operaciones de la empresa THALES UK LIMITED en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas, Chile, mediante una aeronave con matrícula británica que, según la denuncia oficial, no contaba con autorización de las autoridades argentinas.
A partir de esa situación, Milei ordenó iniciar de manera urgente procedimientos sancionatorios y denuncias penales, además de las gestiones diplomáticas correspondientes.
El Gobierno sostuvo que continuará utilizando las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas disponibles para defender su posición sobre los recursos naturales y los espacios marítimos vinculados con la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.
