El Juzgado Criminal y Correccional Federal 8 resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei y a su hermana Karina en la causa Libra, que investigaba una presunta megaestafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados al lanzamiento y promoción del activo digital. El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal y aceptó el pedido del fiscal Eduardo Taiano. La decisión también alcanza a otros nueve investigados, entre ellos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.
La resolución tiene 60 páginas y se fundamenta en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito. El fallo todavía está sujeto a eventuales recursos y su alcance se limita a las actuaciones examinadas por ese juzgado.
La investigación se originó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa relacionada con el lanzamiento de $LIBRA, ocurrido el 14 de febrero de 2025. Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. Según las denuncias reconstruidas en el fallo, su cotización pasó de aproximadamente US$0,01 a un valor cercano a US$5 y luego se desplomó. Los denunciantes estimaron que unas pocas billeteras retiraron alrededor de US$100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas de valor.
El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento después de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. La investigación incluyó allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos, estudios de trazabilidad de operaciones en la red Solana y pedidos de información a organismos públicos y empresas privadas. También se requirió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del token.
Uno de los principales fundamentos fue que no se logró demostrar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa. El juez sostuvo que la publicación presidencial pudo aumentar la visibilidad del proyecto e influir en la confianza de los compradores, pero que esa circunstancia no acreditaba por sí sola una maniobra fraudulenta. Para el magistrado, tampoco alcanzaba con demostrar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas: era necesario probar una falsedad concreta que hubiera inducido a los inversores a comprar el activo.
Respecto de Javier Milei, la Justicia también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El fallo tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación no constituyó un acto institucional ni implicó la utilización de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos vinculados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el Presidente y Hayden Davis para prestar asesoramiento sobre criptomonedas.
En el caso de Karina Milei, el juez consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto. La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos por encuentros oficiales. Entre las pruebas figuraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei, pero las pericias no permitieron comprobar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.
Las pericias sobre el teléfono de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como “Karina Milei RRPP” y comunicaciones telefónicas con el Presidente, aunque no pudo establecerse el contenido de estas últimas. En paralelo, se analizaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, registros de ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para acreditar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.
El expediente también incluyó un pedido de congelamiento de 44.593.888,562 USDC que habían sido identificados en una billetera vinculada con movimientos del equipo de $LIBRA. El fiscal solicitó cooperación a las autoridades estadounidenses para preservar esos activos. Sin embargo, el fallo indicó que Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para establecer, bajo los requisitos de asistencia solicitada, una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos, por lo que cerró ese trámite de cooperación.
Martínez de Giorgi sostuvo finalmente que el dictamen fiscal estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso. El magistrado también aclaró que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, pero que esa circunstancia no impedía dictar su sobreseimiento. La resolución menciona además la existencia de otra investigación judicial vinculada con $LIBRA, por lo que el cierre de estas actuaciones no equivale, por sí solo, a la finalización de todas las causas relacionadas con el caso.
