El Senado de la Nación debatirá este jueves uno de los proyectos más sensibles del paquete impulsado por el Gobierno de Javier Milei: la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aunque en las últimas horas el oficialismo decidió retirar del texto el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales para facilitar su aprobación, el debate dejó instalada una discusión de fondo que preocupa especialmente en San Juan: qué ocurriría si, más temprano que tarde, se flexibilizan las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La provincia no aparece en el centro de esa discusión por casualidad. Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, 887.370 hectáreas, el 10,36% de toda la superficie rural sanjuanina, ya pertenecen a personas físicas o jurídicas extranjeras. En términos absolutos, San Juan ocupa el cuarto lugar del país, detrás de Santa Cruz, Salta y Mendoza. El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el mapa departamental. Iglesia ya supera el límite que fija la legislación vigente: casi 450.000 hectáreas, equivalentes al 24,95% de su superficie rural, están en manos extranjeras. También sobresalen Calingasta, con 258.810 hectáreas (12,1%), y Jáchal, con 125.486 hectáreas (9,24%).
La preocupación no se limita a la cantidad de hectáreas. Los departamentos con mayor presencia de propietarios extranjeros coinciden con el corazón de la cordillera sanjuanina, donde se concentran los principales proyectos de cobre y oro del país, las nacientes de los ríos que abastecen a la provincia y el paso internacional hacia Chile.
¿Quiénes son los dueños? Es la primera pregunta a responder. Sin embargo, en la mayoría de los casos se trata de sociedades anónimas. Es decir que los accionistas no son revelados. De manera que si bien puede presumirse que la presencia mayoritaria es estadounidense, todavía no se conocen, fehacientemente, el nombre de las firmas internacionales.
Las estadísticas que proporciona el Observatorio de la Tierra, que funciona bajo la órbita del CONICET, muestran que San Juan reúne 35 proyectos mineros, entre emprendimientos en producción y otros proyectados, además de 61.941 hectáreas de ambiente glaciar, fundamentales para preservar las reservas de agua de una provincia desértica.
El caso de Iglesia resume esa superposición de intereses: además de registrar casi un cuarto de su superficie rural en manos extranjeras, concentra 19 proyectos mineros -algunos en actividad, otros todavía no- y 10.839 hectáreas de ambiente glaciar. En Calingasta, por su parte, existen 15 proyectos mineros y más de 51.000 hectáreas de glaciares, el porcentaje más alto de los departamentos analizados.
Ese escenario es el que, según especialistas, vuelve diferente la discusión en San Juan respecto de otras provincias. El director del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de San Juan, Hugo Tejada, sostiene que la discusión suele plantearse de manera equivocada. "La provincia ha recibido inversiones mineras durante años y no ha tenido problemas porque esas empresas trabajan bajo las leyes argentinas. La diferencia aparece cuando se modifican los controles sobre la propiedad de la tierra", explicó.
Para el académico sanjuanino, el riesgo no está necesariamente en el porcentaje que pueda adquirir un inversor extranjero, sino en la ubicación de esas superficies. "Hay que pensar qué representa habilitar un 25% de un departamento como Calingasta. Estamos hablando de zonas de frontera y de los lugares donde nace el agua que utiliza San Juan para el consumo humano, la agricultura, la industria y la minería."
Tejada consideró que el debate debe analizarse desde una perspectiva geopolítica. "Argentina tiene recursos que el mundo necesita y va a necesitar cada vez más. Las decisiones que se tomen ahora pueden condicionar las próximas décadas", afirmó.
Mientras el Congreso dejó en stand by la posible flexibilización, la participación extranjera continúa aumentando incluso con la ley vigente. Según datos del Ministerio de Justicia, que publicó el sitio Chequeado, durante la gestión de Javier Milei se otorgaron 111 certificados de habilitación para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que va de 2026. La mayoría correspondió a Mendoza, aunque también hubo autorizaciones en San Juan.
Actualmente, las tierras rurales en manos extranjeras suman 13,3 millones de hectáreas en todo el país, aproximadamente el 5% de la superficie rural nacional, todavía por debajo del límite general del 15%.
La discusión también comenzó a trasladarse a la provincia. Organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas realizaron una asamblea en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ para expresar su rechazo a la iniciativa, mientras que el Concejo Deliberante de Jáchal aprobó una resolución exhortando a los legisladores nacionales por San Juan a votar en contra del proyecto por considerar que podría afectar el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Para este jueves, las organizaciones convocaron a una movilización en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. Está prevista para las 18 bajo la consigna "Argentina no se vende. Marchamos contra una ley que permite la venta ilimitada de tierrras a extranjeros". La protesta está organizada por sectores de la izquierda. En tanto, el Partido Justicialista también llamó a movilizarse el mismo día a las 17 en el mismo lugar, pero con otro lema: "La tierra argentina para los argentinos".
La rosca de los senadores
El Gobierno nacional tuvo que dejar la iniciativa de las tierras en stand by porque la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, no logró cosechar los respaldos suficientes. Los bloques aliados, principalmente la UCR, definieron no acompañar en el recinto. De modo que la exministra de Seguridad decidió sacar el capítulo para sostener la sesión.
En San Juan, la votación era cantada al igual que muchas otras. El exgobernador Sergio Uñac y la camporista Celeste Giménez tenían resuelto oponerse a la iniciativa del Gobierno de Javier Milei. El único que defendió los cambios en la Ley de Tierras fue el libertario Bruno Olivera.
