Fiscales y peritos recorrieron el trazado del proyecto en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a la obra pública.
En el marco de la investigación judicial por presuntas irregularidades en la ejecución del Acueducto Gran Tulum en la gestión del exgoberndor Sergio Uñac, fiscales y personal especializado realizaron una inspección ocular en distintos sectores del trazado de la obra el pasado 10 de marzo. El procedimiento se llevó adelante tras la autorización de la jueza de Garantías, Dra. Lucero.
La recorrida fue encabezada por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, junto a los ayudantes fiscales Maximiliano Gerarduzzi y Adrián Elizondo Sierra, quienes inspeccionaron los lugares por donde, según el proyecto original, atraviesa el ramal de cañerías del acueducto.
El operativo comenzó en el obrador de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) encargada de la obra, ubicado a orillas del paredón del Dique Punta Negra, en Zonda. Posteriormente, la comitiva judicial se trasladó a distintos puntos de la Ruta 12 y al interior de Villa Tacú, en la zona del cerro donde el proyecto contemplaba la construcción de un túnel.
La inspección continuó luego en una obra situada en el costado norte de la avenida Libertador General San Martín, cerca del Cementerio El Mirador, para finalmente concluir en la planta potabilizadora de OSSE ubicada en Marquesado.
Durante la jornada, los funcionarios judiciales contaron con la colaboración de personal de la Brigada de Delitos, Policía Científica, Policía Rural —que aportó drones para el relevamiento aéreo—, efectivos de la Seccional 14 y personal de OSSE.
La causa busca determinar posibles irregularidades vinculadas con la ejecución del proyecto hídrico, considerado una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia.
En ese contexto, días atrás se conoció que el Ministerio Público Fiscal montó una oficina exclusiva para trabajar en la investigación, con el objetivo de centralizar la documentación y las tareas técnicas del caso.
Según fuentes judiciales, el fiscal General Guillermo Baigorrí solicitó formalmente a la Corte de Justicia recursos humanos y materiales para reforzar el equipo de trabajo que encabezan los fiscales Gómez y Pizarro.
El máximo tribunal autorizó un espacio físico exclusivo —de ubicación reservada—, equipamiento informático, cámaras de seguridad y material administrativo, con características similares a las utilizadas en la denominada megacausa de las expropiaciones.