El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, había adelantado a DIARIO DE CUYO: "Todo se resolvió en sede de la Subsecretaría y no en la Justicia".
El conflicto por el paro de colectivos en San Juan dio un giro este jueves por la tarde. Choferes y empresarios alcanzaron un acuerdo en la audiencia que se desarrolló en la Subsecretaría de Trabajo, por lo que la medida de fuerza quedaría en condiciones de ser levantada. El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, confirmó la novedad a DIARIO DE CUYO y aseguró: "Llegamos a un acuerdo. Todo se resolvió en sede de la Subsecretaría y no en la Justicia".
La definición se produjo después de varias horas de negociación entre los representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) en una jornada que había comenzado con el servicio completamente paralizado y con una audiencia que se extendió durante la tarde. Los colectivos comenzaron a circular de manera inmediata.
El secretario de Finanzas y candidato del oficialismo en las elecciones sindicales, Antonio Ruiz, dijo en rueda de prensa que los propietarios de las empresas de transporte pagarán este viernes, sin demora, el 10,5% de aumento salarial de septiembre que, siempre de acuerdo con el sindicalista, ronda los 300.000 pesos. Sin embargo, continúa la conciliación obligatoria y habrá más instancias de negociación. "Hubo muy buena predisposición de todos", destacó.
Lo que dejó claro Ruiz es que se trata de un acuerdo con los empresarios y que ellos, como sindicato, no intervinieron en la negociación paralela entre el empresariado y el Gobierno provincial.
Por su parte, el representante de la ATAP, Ricardo Salvá, aseguró que "la cifra ya estaba determinada. Era el 10,5%, de incremento más un incremento de viáticos. Eso ya estaba establecido desde antes, estaba firmado, el reclamo era justo".
En ese sentido, el transportista agregó: "Lo que pasa es que no teníamos la posibilidad material de pagarlo porque hace siete meses que no se recompone la estructura de costos del transporte público y ha llegado un momento que no se puede seguir funcionando con esos costos. Es nada más que eso". Salvá agregó que la gestión orreguista se comprometió a "pagar una parte de lo que estaba estipulado".
El entendimiento llegó luego de que el Gobierno provincial recurriera a la Justicia para intentar garantizar la continuidad del transporte público. Durante la mañana, el jefe de Asesores del Gobierno, Rodolfo Colombo, había informado en Radio Colón que la Provincia había presentado una medida cautelar para que los colectivos volvieran a circular.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, ratificó posteriormente a DIARIO DE CUYO que la presentación había sido realizada ante el Primer Juzgado Civil, a cargo del juez Héctor Rollán. El juez había ordenado que las empresas y los trabajadores cesaran las medidas de fuerza y garantizaran la prestación del servicio.
Incluso, el fiscal de Estado, Sebastián Dávila, había explicado a este diario que, en caso de incumplimiento de la resolución judicial una vez notificada, podían aplicarse multas de un millón de pesos por cada día y derivarse las actuaciones al fuero penal por una eventual desobediencia de una orden judicial.
Sin embargo, el escenario cambió con el avance de la negociación en la Subsecretaría de Trabajo. Marchese remarcó que el entendimiento se alcanzó en esa instancia administrativa y que, por lo tanto, la resolución del conflicto llegó a través del diálogo entre las partes.
El paro había comenzado de manera sorpresiva durante la madrugada del miércoles y dejó a los usuarios sin transporte público en toda la provincia. El reclamo de los choferes está vinculado a una deuda salarial que, según sostiene el gremio, mantienen las empresas.
Desde el Gobierno provincial habían cuestionado que la disputa entre empresarios y trabajadores terminara afectando a los usuarios y había insistido en que el transporte público es un servicio esencial que debe garantizarse. También habían señalado que tanto el gremio como las empresas debían cumplir con las obligaciones establecidas por la normativa y había reclamado que la discusión se encauzara por la vía del diálogo.
